El Senado argentino aprobó el miércoles por unanimidad una ley que frena la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, previo a una marcha de repudio a un fallo de la Corte Suprema que crispó al país.

Con 56 votos a favor y ninguno en contra, senadores de todo el arco político argentino, de izquierda a derecha, dieron una contundente respuesta para evitar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos, posibilidad que dejó abierto un polémico fallo de la Corte hace una semana.

La cámara baja había aprobado la madrugada, con 211 votos afirmativos y uno negativo, el proyecto de ley en un debate histórico que sirvió de catarsis para diputados como Victoria Donda, una de los 122 nietos recuperados por la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

La dictadura que vivió Argentina entre 1976 y 1983 dejó 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

En 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, que permitió 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio de 2016.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y hombre cercano al presidente Mauricio Macri, dijo que la rápida aprobación "es una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino" frente al tema de los derechos humanos.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión- puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

La nueva ley limita la aplicación del beneficio de reducir condenas a culpables de crímenes de lesa humanidad.

El presidente Mauricio Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió poco antes el silencio, ampliamente criticado por sus adversarios políticos.

"Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aun cuando es por delitos de lesa humanidad", dijo Macri.

La reacción de la sociedad civil y de los políticos al fallo ha reflejado cuán sensible es el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.

"Ha habido un consenso prácticamente unánime en cuanto a que esto no podía ocurrir, de que las consecuencias eran gravísimas, que feroces torturadores y asesinos podían salir en libertad merced de ese pronunciamiento", explicó el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra. (I)