Luego de tres horas de sesión, el Consejo Directivo de Repsol aprobó ayer por unanimidad la propuesta del Gobierno argentino acerca de la compensación por la expropiación del 51% de sus acciones en la petrolera YPF, ocurrida en 2012. La información fue ratificada por la firma española a través de un comunicado oficial.

Sin embargo, la negociación no está cerrada ni se llegó a un punto de acuerdo final. Repsol exigirá garantías y avales de cobro al Estado para recibir unos $ 5.000 millones  en bonos a diez años como pago.

Es decir, la conducción de la firma pedirá especificar garantías y avales del pago en bonos, para luego llegar a una instancia de desactivación de los juicios y demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano arbitral del Banco Mundial, según  el diario La Nación.

“El Consejo de Administración ha acordado la contratación de un banco de inversión de prestigio internacional para apoyar al equipo de Repsol y facilitar una conducción profesional del proceso”, según informó la empresa. El preacuerdo se había celebrado el lunes pasado en Buenos Aires, en las oficinas de torre corporativa de YPF.

El pacto fue facilitado por la petrolera Pemex, que controla el 9,34% de la empresa española, que ofició de interlocutora entre el Gobierno argentino y Repsol.

Repsol perdería con este acuerdo 1.700 millones de euros (más de 2.300 millones de dólares), pues en sus libros tenía a YPF contabilizado por 5.400 millones de euros ($ 7.350 millones), según fuentes de AFP.