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La represión contra estudiantes crece en Nicaragua

Las fuerzas policiales llegan a Masaya, a unos 35 km de Managua, donde los opositores del presidente nicaragüense Daniel Ortega mantienen las protestas.
Las fuerzas policiales llegan a Masaya, a unos 35 km de Managua, donde los opositores del presidente nicaragüense Daniel Ortega mantienen las protestas.
Foto: AFP
16 de julio de 2018 - 00:00 - Agencias AFP y EFE

Fuerzas del gobierno asediaron e incursionaron ayer con violencia zonas de la combativa ciudad de Masaya, sur de Nicaragua, causando cinco muertos y varios heridos en un “grave” recrudecimiento de la represión contra las protestas que iniciaron hace tres meses. Las víctimas mortales suman ya 270, según datos oficiales, y 351 de acuerdo con organismos humanitarios locales.

“Van a destruir Masaya, está absolutamente rodeada” por fuerzas gubernamentales, dijo la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Los pobladores del barrio Monimbó de Masaya resisten el ataque de los antimotines y paramilitares “con piedras y bombas caseras”, dijeron habitantes de la zona.

“Nos están atacando la policía nacional y parapolicías encapuchados y armados con AK-47 y ametralladoras a nuestro barrio indígena de Monimbó”, denunció Álvaro Gómez, un poblador del lugar.

“La situación es grave, necesitamos abrir un corredor para evacuar heridos, se nos muere la gente”, advirtió desesperado el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva.

Según el activista, en el municipio de Diriá, departamento de Granada, las llamadas “fuerzas combinadas” del Gobierno, integradas por policías, antimotines, parapoliciales y paramilitares, sacaron por la fuerza de sus casas a Almer Morales y Allan Morales (padre e hijo) y fueron ejecutados.

En el barrio Camilo Ortega, de Masaya, ese organismo humanitario también reportó otras dos víctimas, que aún no son identificadas, y otra más en el vecino municipio de Catarina.  

Leiva lanzó un “SOS” a los obispos de la Conferencia Episcopal, al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, expresó que observadores internacionales “están yendo a la zona de los pueblos blancos y de Monimbó para lograr soluciones pacíficas y proteger a la población”.

La incursión se produce en medio de la ofensiva que el gobierno emprendió a inicios de julio para “limpiar” a punta de balas las barricadas que los manifestantes levantaron en las principales carreteras y ciudades del país en el marco de las protestas, que dejan más de 270 muertos desde el 18 de abril.

20 horas de terror
Policías y paramilitares asediaron entre viernes y sábado a 200 estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en un violento asalto que dejó dos jóvenes muertos y 14 heridos.

Tras 20 horas de terror, una gestión de la Iglesia permitió a los jóvenes salir del templo Divina Misericordia, donde se refugiaron tras ser tiroteados en la UNAN, al suroeste de Managua.

“Nos estaban tirando a matar. Fue durísimo, ellos con armas de alto calibre, nosotros solo con morteros”, contó un joven en la céntrica catedral de Managua, donde fueron llevados en buses escoltados por ambulancias y por la comitiva eclesiástica mediadora.

La UNAN, donde los muchachos estuvieron casi tres meses en barricadas, era el último bastión de resistencia de los estudiantes, punta de lanza de la sociedad civil que exige la renuncia de Ortega, a quien acusan de una brutal represión y de instaurar una dictadura.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 72 años, es señalado por sus adversarios de instaurar una dictadura junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, mediante un control total de los poderes del Estado.

Diálogo en la picota
“Hemos sido testigos de la falta de voluntad política del gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que nos encaminen hacia una verdadera democracia, negándose reiteradamente a abordar (...) la agenda de democratización”, dijeron los obispos católicos en un comunicado.

Los religiosos de la Conferencia Episcopal son mediadores y testigos en el diálogo entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica, en busca de una salida a la crisis que vive el país tras la ola de protestas en demanda de salida del poder de Ortega.

Los obispos plantearon en la mesa de diálogo adelantar las elecciones de 2021 a 2019, pero el Mandatario rechazó esa posibilidad. (I)

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