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Ortega y Murillo tienen un poder casi absoluto

Los manifestantes en Managua piden al presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que renuncien a su mandato que ya tiene 11 años.
Los manifestantes en Managua piden al presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que renuncien a su mandato que ya tiene 11 años.
Foto: AFP
29 de abril de 2018 - 00:00 - AFP

El presidente nicaragüense Daniel Ortega, un líder de la revolución de 1979 que levantó la bandera de los oprimidos, gobierna su país de la mano de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos tienen un poder casi absoluto que es desafiado por una nueva generación.

Él es un exguerrillero de 72 años y admirador del Che Guevara. Ella es una poetisa excéntrica de 66 años -ataviada de pulseras y pañuelos- que se convirtió en el poder detrás del trono.

Estudiantes universitarios se tomaron las calles en varias ciudades de Nicaragua desde el 18 de abril. Con  esas protestas pusieron en entredicho el histórico control de las movilizaciones sociales que han tenido Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) durante los últimos 40 años.

Paradójicamente, Daniel Ortega, desde la oposición (1990-2006), impulsó jornadas violentas de protesta con los sindicatos sandinistas (corriente política basada en el ideario de Augusto Nicolás Calderón Sandino), para repudiar las medidas económicas y arrancar concesiones a los  gobiernos de turno.

“Conspiración de la derecha”, proclamó sobre las protestas el mandatario. Él  junto con su compañera de vida, Murillo, encabezan un gobierno que ambos definen como “cristiano, socialista y solidario”.

La vida revolucionaria

Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en el pueblo minero de La Libertad (centro) en el seno de una familia católica. De joven abandonó la universidad para integrarse a la lucha contra la dinastía de la familia Somoza.

Gobernó por primera vez al frente de la Revolución Sandinista, que derrocó al régimen somocista en 1979, con apoyo de Cuba y la Unión Soviética. Eso ocurrió en medio de una guerra contra la guerrilla de los “contras”, apoyadas por Estados Unidos, un conflicto que dejó unos 35.000 muertos hasta 1990.

El exguerrillero marxista, tras perder las elecciones de 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro, se despojó del uniforme verde olivo y adoptó la indumentaria de paisano como líder de la oposición.

Tras su retorno al poder, en 2007, se alió al empresariado, con el que ha cogobernado los últimos 11 años, en un modelo que llama de “diálogo y consenso”, aunque excluyó a otros sectores.

Después de reelegirse en 2011, gracias a una maniobra legal, Ortega deja el poder prácticamente en manos de Murillo. Ella es su portavoz oficial y a quien convirtió en su vicepresidenta en las elecciones de 2016. Los dos mantienen un dominio férreo sobre todas las instituciones del Estado: el Ejército, la Policía, el Congreso y el Tribunal Electoral.

Los principios olvidados

Sus excompañeros de partido lo acusan de desvirtuar los ideales del sandinismo, de ejercer el poder de forma autoritaria y de nepotismo. Comparte el poder con su esposa, mientras sus hijos son dueños o dirigen medios de comunicación oficialistas y algunos de ellos ocupan cargos públicos.

“En la década de los años 80, Ortega era parte de un proyecto de cambio revolucionario, ahora es un capitalista enamorado del poder, dedicado a acrecentar sus privilegios, sus fortunas y los de su clase”, comentó la exguerrillera Mónica Baltodano, quien renunció al FSLN en el 2000.

“Antes el poder era para la gente, hoy es para su familia y sus allegados. Defiende ese poder con los mismos instrumentos de la dictadura somocista: pactos con la oposición, lo más reaccionario de las jerarquías eclesiásticas y el gran capital”, criticó Baltodano.

Dedicada a escribir las memorias de la gesta revolucionaria, Baltodano mencionó que Ortega “miente, descaradamente: grita contra el neoliberalismo y defiende sus políticas neoliberales masacrando a los jóvenes”.

El mandatario es el máximo líder del FSLN, al que se integró en 1963 y sus allegados lo describen como un  pragmático y hábil político. Ortega es cercano a los líderes de la izquierda latinoamericana como Nicolás Maduro, Raúl Castro y Evo Morales.

Pero su imagen se deterioró tras las acusaciones de abuso sexual que le hizo en 1998 su hijastra Zoila América. Ella, actualmente, está exiliada en Costa Rica después de acusar a su madre (Murillo) de perseguirla políticamente.

La cara pública del Gobierno es Murillo, madre de  nueve hijos, seis de ellos de Ortega y a quien personas allegadas le reconocen una gran capacidad de trabajo.

Ortega también tiene un hijo de una relación previa.

La vicepresidenta nació el 22 de julio de 1951 en Managua, donde se formó como educadora en la Universidad Autónoma de Managua.

En su juventud integró un movimiento llamado Gradas, de artistas y poetas opuestos a la dictadura. Después se sumó de lleno al FSLN en 1969, donde conoció al presidente Ortega. La poetisa Gioconda Belli, quien fue su amiga en los años de lucha contra Somoza, la describe como “supersticiosa”, encantadora y compleja.

Ella regaña a los funcionarios públicamente en sus alocuciones diarias, en las que informa del clima, sismos, erupciones volcánicas, el santoral del día y festividades religiosas en todo el país.

Después del estallido de las protestas hace cinco días, Murillo se encargó de dar la cara por el Gobierno en un principio, hasta que Ortega el domingo retiró la reforma al sistema de seguridad. Pero no calmó las movilizaciones.

Las protestas

Las protestas de los universitarios en Nicaragua iniciaron el 18 de abril en rechazo al anuncio gubernamental de hacer reformas al sistema de seguridad social.

Luego, los barrios, obreros y jubilados -inconformes por la corrupción- se sumaron a ellas. Incluso, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que fue aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, marchó el pasado lunes contra él.

El enfrentamiento registra  37 muertos, entre ellos un periodista en cobertura y unos 500 heridos, así como saqueos y pérdidas comerciales millonarias.

Ante este complejo escenario, el jueves, el Movimiento Universitario 19 de Abril aceptó, bajo la condición de aclarar dónde están las decenas de estudiantes desaparecidos, garantizar la seguridad física de los manifestantes, suspender los abusos a las protestas cívicas, y responsabilizar a Daniel Ortega y a su esposa de lo que ocurra en lo posterior. (I)

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