El presidente uruguayo, José Mujica, anunció ayer que se realizarán “cambios constitucionales” y se gravará a quienes concentran gran cantidad de tierras ante una posible resolución de la justicia que declararía inconstitucional un polémico impuesto al campo impulsado por él y aprobado por el Parlamento a fines de 2011.

“Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse, en fin, cambios constitucionales”, dijo Mujica en su audición radial “Habla el Presidente”.

El semanario local “Búsqueda” adelantó que la Suprema Corte de Justicia “declarará inconstitucional el impuesto al campo”, que afecta a propietarios de más de 2.000 hectáreas, mientras que el presidente del organismo, Jorge Ruibal Pino, señaló que aunque probablemente la respuesta “será sí” a la inconstitucionalidad “aún no está resuelto”.

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de unos $8 por hectárea para las extensiones de tierra productiva de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de $12 por hectárea para las de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y de $16 por hectárea para las de más de 10.000 hectáreas.

Mujica -apoyado por economistas de su entorno político- impulsó este impuesto con el fin de frenar la concentración de la tierra.  

El impuesto fue duramente criticado y resistido por las asociaciones rurales e incluso por algunos sectores de la izquierda gobernante, y hasta la fecha ha provocado 127 recursos de inconstitucionalidad.

A raíz de la polémica, el ministro de Ganadería y Agricultura, Tabaré Aguerre, estuvo tambaleando en su cargo porque se opuso al impuesto.