Que las violaciones sexuales ocurren en sitios oscuros, apartados de todo y tienen como ejecutores a personas desconocidas para la víctima son una serie de criterios que no explican de forma precisa la realidad. En Perú, donde el número de denuncias por estos delitos supera a los de hurto y robo, cerca de la mitad de ellas tiene como escenario la casa o el lugar de trabajo, y como ejecutor, un familiar cercano y de confianza.      

El año pasado, 15 mil denuncias por violaciones sexuales se inscribieron en el Ministerio Público, teniendo como víctimas, el 75% de ellas, a mujeres menores de edad. Esta cifra le ha valido el primer lugar en Latinoamérica entre los países donde prevalece la violencia sexual. Un promedio de 67 denuncias al día, suma 2 violaciones por hora, y supone que por cada 100 habitantes, 44 son víctimas de este abuso.

Aún estos cálculos resultan mínimos frente a la verdadera dimensión del problema. Una reciente evaluación a nivel regional señala que 5% de mujeres adultas agredidas deciden denunciar los hechos, evadiendo el silencio en que se sumerge la mayoría.

La base social para que la violación se reproduzca sin remedio y en amplia dimensión, se sostiene en una serie de criterios que posicionan a la mujer en lugares secundarios. El dominio del machismo, que mira lo femenino como objeto de pertenencia, ocupa un lugar predominante entre ellos. Lo hace también el imaginario colectivo que naturaliza estas prácticas al punto de relacionarlas con la culpa de las agraviadas. En el país el 32% de personas creen que las violaciones se dan porque las víctimas provocan a los hombres,  mientras que el 79% afirma que es el efecto de vestir de forma provocativa. El empleo de la fuerza es el medio por el que se ejerce esta infracción en todos los casos, evidenciando un ambiente en el que la mujer es vista como permisiva,  maleable y denigrable.  

En América Latina, donde unas 500 violaciones suceden diariamente, países como Bolivia y Chile se ubican por debajo de Perú. Y en el mundo, solo Etiopía y Bangladesh prevalecen sobre él, como naciones en las que féminas de entre 15 y 49 años son maltratadas de forma sexual.

Este delito está tipificado en el Artículo N°70 del Código Penal peruano, y ordena que, de ser encontrado culpable, el violador sea condenado a una pena privativa de la libertad no menor a 6 ni mayor a 8 años. Sin embargo, llegar a esta instancia de cumplimiento de la ley supone seguir un trámite lento, en el que la justicia hace sentir su desinterés por el bienestar femenino. Del total de denuncias recibido el año pasado, apenas 925 fueron respondidas con defensa pública, a pesar de que ese es un derecho con el que deberían contar las agraviadas. La impunidad se presenta como otro obstáculo a vencer más allá de las heridas físicas y sicológicas que dejan los ataques.

La misión del Estado, prevenir, proteger y sancionar, se complementa con el nivel de acceso a la justicia que este permita a sus ciudadanos. Esta sigue siendo materia pendiente de un sistema judicial que, se calcula, sentencia apenas la mitad de los casos, mientras condena a la otra mitad a una espera indefinida. El proceso que esto incluye no deja de ser doloroso y lastimero para la víctima. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los trámites de denuncia, las mujeres son citadas entre dos y cinco veces a rendir declaraciones, presentar pruebas físicas y relatar, con insistencia de la autoridad, detalles sobre la vida sexual previa al hecho.

Medidas para proteger a víctimas

Intentando hacerle frente a este problema, un equipo de especialistas del Ministerio de la Mujer se ha reunido con representantes de la Defensoría Pública, firmando una serie de convenios mediante los cuales se busca garantizar una defensa para las agraviadas. Tendrá que superar obstáculos inmediatos, como sumar el número de defensores de oficio que en un país con cerca de 29 millones de personas cuenta apenas con 101 integrantes.  

Tendrá además que proponer cambios drásticos en la justicia, que sigue dando, como primera medida ante la denuncia, comparecencias antes que prisión preventiva, beneficiando al violador, que muchas veces no es ni retirado del hogar ni apartado de la víctima, potenciando así la posibilidad de agresión consecutiva.

Paralelamente, la Oficina de Defensa de Víctimas y los Centros de Defensa de la Mujer han sido creados como iniciativa del Ministerio Público, con lo que se busca reducir el 90% de los casos que quedan en la impunidad.

La voluntad política es clave al momento de buscar revertir esta realidad.

Ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo y Huancayo condensan la mayor cantidad de delitos y, a la vez, la mayor cantidad de procesos judiciales represados.  

Uno de los logros, sin embargo, es que en la capital del país apenas hace unos meses se sentenció a 322 personas después de 20 años de sostener el proceso.

De esta forma se configura el ambiente en el que el delito de violación continúa siendo un elemento integrado a la cotidianidad, y cuya disminución pasa por la responsabilidad de diversas instancias. La voluntad de todas ellas podría apuntar a solucionarlo poniendo en práctica medidas que eviten el estigma y la impunidad a las víctimas, que son parte  de una sociedad en la que ser mujer continúa siendo sinónimo de ser prescindible.