Este lunes se cumplen dos años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero y la solicitud de los familiares de estos estudiantes de magisterio de la rural Raúl Isidro Burgos es la misma: el esclarecimiento de los hechos y la transparencia en las investigaciones.

Este suceso, que es considerado crimen de Estado, pues fue ejecutado por una orden directa del  entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien intentó silenciar a los estudiantes que se dirigían a protestar en la convocatoria de su esposa, María de los Ángeles Pineda, consternó a la opinión pública internacional y fue un duro golpe para la popularidad del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Según una encuesta del diario Reforma, el 77% de los mexicanos tiene una opinión desfavorable sobre la forma en que se lleva el combate a la corrupción.

Amnistía Internacional destacó que la tragedia de Ayotzinapa expuso cómo el gobierno de Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México.

Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía, señaló que “desde no haber impedido el ataque contra los estudiantes hasta prevenir esfuerzos internacionales para descubrir la verdad y desestimar las quejas sobre la forma en la que la investigación ha sido manejada, las autoridades mexicanas han hecho todo lo que han podido para obstruir la justicia e intentar proteger su imagen”.

Por su parte, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -cuya misión concluyó en abril tras la negativa del Gobierno a autorizar la extensión de su mandato- señaló directamente a las autoridades mexicanas de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y alegó casos de torturas contra detenidos.

No obstante, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado en México de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reiteró el compromiso de la institución para hacer valer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de casos de desaparición y, en ese sentido, dijo que apoyan la adopción de la propuesta de ley general contra las desapariciones, que discute el Senado mexicano.

La representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México se congratuló  el pasado miércoles de que la Fiscalía General investigue nuevas hipótesis sobre el destino de los 43 desaparecidos.

Por su parte, los padres de los estudiantes, muchos de los cuales viven en la escuela rural desde hace dos años, expusieron su apoyo a las organizaciones ante su desconfianza con las autoridades mexicanas.

Hilda Rivera, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, denunció que la fiscal general, Arely Gómez, solo “nos daba vueltas” sin que hubiera avances en las investigaciones, y esto fue uno de los motivos para que los padres suspendieran el diálogo con el Gobierno.

Investigan los números celulares

El análisis de telefonía que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmiente la “verdad” de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, ya que 7 teléfonos celulares de los estudiantes presentaron actividad en los días posteriores al 26 de septiembre de 2014, algunos de ellos, incluso, meses después.

Según el portal Insurgencia Magisterial, la investigación de las llamadas permitió, además, establecer lugares de antenas, comunicaciones de los estudiantes y de los inculpados, con lo que se determinaron los posibles lugares a los que fueron llevados los jóvenes, y los sitios a donde se dirigieron los perpetradores. Por su parte, el Ministerio de Justicia mexicano dijo que junto a la Oficina Federal de Investigación estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) analiza distintos materiales en video, principalmente de las cámaras de seguridad de Iguala del día que se registraron los hechos.

De acuerdo con la PGR, los cuerpos de los 43 normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula desde la medianoche del 27 de septiembre de 2014 junto con sus pertenencias -teléfonos celulares-, y que la hoguera habría durado entre 16 y 17 horas. Sin embargo, esa versión fue desclasificada tras el peritaje de uno de los huesos hallados en una fosa común.

El caso Ayotzinapa desató una ola de indignación mundial y arrojó luz sobre el problema de las desapariciones en México, la mayoría ligadas a la violencia desatada por el narcotráfico.

Desde que en diciembre de 2006 el gobierno federal lanzó una ofensiva militar antidrogas, más de 170.000 personas fueron asesinadas y más de 28.000 se encuentran desaparecidas. (I)