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El dolor consume a padres de los 43 de Ayotzinapa

Desde la izquierda: María Martínez Zeferino, Nicanora García González y Eudocia Baranda Gallardo, madres de tres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, protestan frente a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Desde la izquierda: María Martínez Zeferino, Nicanora García González y Eudocia Baranda Gallardo, madres de tres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, protestan frente a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
EFE
25 de septiembre de 2019 - 00:00 - Agencia de Noticias EFE

María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, se mantiene estos días ocupada mientras se acerca el fatídico 26 de septiembre en el que, hace un lustro, desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Uno de ellos, su hijo.

“Es doloroso porque no queríamos llegar a los cinco años. Y no ha habido respuesta. Yo siento más feo porque es el cumpleaños de mi hijo. Hace cinco años este día estuvo conmigo y ahora no pude darle su abrazo, y yo pedía que nos los entregaran antes, pero no se pudo”, dice María a EFE, al recordar que su hijo hubiera llegado a los 31 años estos días.

Desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, localidad perteneciente al municipio de Tixtla, un grupo de padres se reúne estos días para preparar acciones rumbo al 26 de septiembre, cuando se celebrará una gran marcha en la Ciudad de México.

Estos padres tuvieron que dejar a un lado su vida y al resto de sus hijos para buscar al desaparecido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en el municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero.

Esa trágica noche, un grupo de estudiantes que se desplazaba en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.

Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

En medio de este no saber, que cinco años consume a los padres, María asegura que continuará la lucha porque si ellos no exigen nadie lo hará y dice tener fe en que lo encontrará.

Maximino Hernández Cruz es padre de Carlos Lorenzo Hernández, quien ingresó a la escuela normal -que forma maestros rurales- para sacar a la familia del bajo nivel económico en el que estaban.

En entrevista con EFE, el hombre relata que su desaparición les cambió la vida, pues él dejó el campo y se volcó a la búsqueda, mientras sus otros hijos trabajan para ayudar a su mamá.

“La riqueza, el tesoro más grande, son nuestros hijos”, expresa compungido.

Luego de participar en el mitin afuera del Palacio de Justicia de Iguala este lunes, que culminó en destrozos por parte de estudiantes, el padre de Abel García Hernández, Celso García Aristeo, permanece sentado en la cancha de la escuela de Ayotzinapa.

“Él es mi hijo”, indica mientras señala un cartel con la fotografía de Abel que pende del techo de la cancha.

Melitón Ortega, vocero del movimiento y tío de uno de los desaparecidos, Mauricio Ortega, asegura que la salud de los padres se ha desgastado estos años, en gran medida producto de la desesperación.

Recuerda que en el transcurso ya perdieron a dos integrantes de su movimiento; en febrero de 2018 falleció Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello. En diciembre del mismo año Tomás Ramírez, quien era padre de Julio César Ramírez.

“Vemos que el ánimo de los padres se complica más. La desesperación de ver que en lugar de ver algo (un avance) importante como en vísperas de los cinco años hay otra cosa. Estamos retrocediendo un poco, es el efecto de la verdad histórica”, dice en referencia al nombre que recibe la versión oficial de los hechos establecida por la anterior administración.

El gobierno de López Obrador, en la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018, reabrió el caso y estableció una comisión especial, brindando nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos.

No obstante, en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, días después de la absolución de Gildardo López, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, por falta de pruebas. (I)  

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