Las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, están a punto de llegar a su primer aniversario y aún el conflicto sigue abierto.

Justicia y libertad fueron los temas que centraron ayer la última sesión de las negociaciones para superar la crisis, un plazo establecido por el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El representante de la Alianza, Juan Chamorro, criticó la propuesta del Gobierno sobre justicia, que consideró “vergonzosa”.

“Nosotros buscamos justicia para los familiares de las víctimas y lo que recibimos de parte del Gobierno fue una burla”, sostuvo Chamorro.

La propuesta de justicia gubernamental consiste en crear un sistema especial que estaría a cargo, entre otras instituciones, de la Policía Nacional, Ministerio de Salud y el Poder Judicial, que las víctimas señalan como “brazos represores” del Gobierno.

El representante de la Alianza también reiteró su escepticismo sobre la voluntad del Gobierno en cumplir el compromiso de liberar a 800 presos políticos en un plazo de 90 días a partir del 20 de marzo pasado.

El gobierno, por su parte, descartó adelantar las elecciones generales para este año, lo que exige la oposición.

Ortega sostiene que está dispuesto a fortalecer la democracia a través de reformas al sistema electoral, pero respetando el orden constitucional, lo que significa que los comicios se celebren en 2021. Además, se opone a la participación de garantes internacionales.

Las  protestas contra el gobierno de Ortega se iniciaron el 18 de abril de 2018 por las reformas al sistema de seguro social. Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición se instalaron el 27 de febrero pasado en sustitución del diálogo que el presidente abandonó en julio de 2018.

La crisis que sufre Nicaragua suma 325 muertos, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado. (I)