El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso por supuesta corrupción desde abril de 2018, pidió el lunes 25 de marzo de 2019 la anulación de una de sus condenas y la transferencia de su caso a la justicia electoral con base a un polémico fallo de la Corte Suprema de Brasil.

En una ajustada votación, el Supremo decidió la pasada semana que cuando un caso de corrupción incluya irregularidades en campañas políticas la competencia es de la justicia electoral, considerada menos dura que la penal.

La visión del Supremo fue aprovechada por la defensa de Lula (2003-2010), quien entró con un pedido ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, por sus siglas en portugués) para que se anule la pena y la causa sea remitida a un tribunal electoral.

Lula fue condenado en 2017 a 9 años y 6 meses de prisión por supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de la operación Lava Jato.

La pena, sin embargo, fue elevada a 12 años y 1 mes por un tribunal de segunda instancia que supuso  que el expresidente habría recibido un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de "favores políticos" a la constructora OAS.

En la petición presentada ante el STJ, los abogados del antiguo líder sindical subrayaron que el Ministerio Público Federal, en su denuncia, señala que parte de los valores de sobornos recibidos por el Partido de los Trabajadores (PT) estaban destinados para la financiación de campañas electorales.

Con la solicitud, la defensa del exmandatario intenta conseguir la libertad de líder del PT, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná (sur). (I)