La comisión de juicio político del Senado brasileño aprobó -por 14 votos contra 5 y giró al plenario de la cámara alta- el informe que recomienda la expulsión del cargo de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, bajo la acusación de que incurrió en irregularidades en la distribución de recursos del presupuesto 2015, afectando la ley fiscal.

El informe será recibido por el plenario del Senado el próximo martes, día en el cual se iniciará un trámite  que debe terminar a fin de mes, luego de los Juegos Olímpicos Río 2016, con una votación clave en la cual se define el futuro de Rousseff.  

En una sesión con muchos gritos, nervios e interrupciones, los senadores discutían sobre la legalidad del informe, calificado como “fraude” y “golpe” por parte del Partido de los Trabajadores y sus aliados.

“Esperemos que después de este proceso existan chances para pacificar el país”, dijo Raimundo Lira, titular de la comisión especial del proceso de destitución, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del presidente interino, Michel Temer, vicepresidente de Rousseff, que se pasó a la oposición y apoya el proceso.

El informe acusatorio realizado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado del interinato de Temer, indica que Rousseff incurrió en “ataque a la Constitución” por valerse de decretos de contingencia presupuestaria sin autorización del Congreso y de reorganizar partidas de dinero para hacerle frente a los programas sociales agrícolas.

“Este proceso es una farsa, un proceso golpista de los que perdieron las elecciones desde 2002. Se está juzgando a una presidenta inocente a base de supuestas irregularidades contables que ni siquiera eran responsabilidad de ella”, dijo el senador Humberto Costa, del Partido de los Trabajadores (PT).

Costa comparó la votación en el Senado con “el guiño que los generales le dieron a los golpistas de 1964”, en referencia al levantamiento militar que en aquel año destituyó y envió al exilio al presidente laborista Joao Goulart e instaló una dictadura hasta 1985. “Ahora no hay tanques en las calles, apenas en Río de Janeiro, cuidando de los Juegos Olímpicos”, le respondió el senador Cristovam Buarque, exministro de Luiz Inácio

Lula da Silva en 2003, quien dijo que no le importará ser llamado “golpista” y que ahora forma parte de la base de apoyo a Temer. “Este es un golpe frío, sin tanques”, dijo un encendido Lindbergh Farías, del PT, defensor de Rousseff y quien en 1992 fue uno de los jóvenes que comandaron las protestas callejeras universitarias exigiendo la renuncia de Fernando Collor de Mello, también objeto de juicio político en la época.

El nuevo oficialismo de Temer no apoyó a los peritos del Senado ni al fiscal Iván Marx que indicaron que Rousseff no tuvo responsabilidad en la remodelación de las prioridades de gastos del presupuesto. “Estos delitos graves no pueden quedar impunes. Crímenes cometidos en nombre de un proyecto político, un fraude fiscal. Brasil ruega poner fin a este proceso; no se puede esperar más”, sostuvo por su parte Cassio Cunha Lima, del PSDB, exgobernador del estado de Paraíba.

El próximo martes el plenario del Senado se reunirá para acoger el documento votado en la comisión tras 100 días de sesiones y el proceso deberá finalizar hasta el 29 de agosto.

El martes el Senado votará si recibe el informe, por mayoría simple, algo que se da por descontado, y a partir de ese momento se encaminará el trámite hacia la votación final.

Para destituir a Rousseff el Senado deberá contar con al menos dos tercios (54 votos de los 81 senadores), un número difícil de evitar para la mandataria ya que con 55 votos fue suspendida del cargo el 12 de mayo, cuando Temer asumió.

El PT, el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Comunista do Brasil (PCdoB), más la exministra de Agricultura, Katia Abreu, del PMDB, fueron los defensores de Rousseff en la comisión, que terminó su trabajo tras 100 días, en plena crisis política en el país.

La votación se produjo un día antes de manifestaciones previstas en Río de Janeiro contra Temer por parte de movimientos sociales y sindicales, en paralelo a la inauguración de los Juegos Olímpicos 2016 que deberá hacer en el estadio Maracaná el interino Temer, acompañado por al menos 42 jefes de Estado. (I)