Desmentidos y versiones encontradas sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula y el destino final de los estudiantes de Ayotzinapa tensan la relación entre el gobierno mexicano y los expertos que han trabajado el caso desde el año 2014. Ellos conforman el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Las autoridades presentaron supuestos resultados de exámenes que ratifican la hipótesis oficial y los dos grupos, que ya han rebatido esa versión, también pusieron en duda lo informado ahora.

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció el viernes pasado una conferencia de prensa donde aseguró nuevamente que los normalistas fueron asesinados y calcinados en el lugar, con base en presuntos resultados de un tercer peritaje realizado entre el 15 de febrero y el 31 de marzo. Desde oficinas estatales, Eber Betanzos y Ricardo Damián Torres, subprocurador de derechos humanos de la PGR y uno de los 6 expertos elegidos para la tercera tanda de pruebas, respectivamente, afirmaron que en Cocula “existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” y que “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar”.

“Podemos establecer la hipótesis sobre las condiciones, cantidad de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para la quema masiva de 43 cuerpos, tal y como se indicó en las declaraciones de los detenidos por estos hechos, sin embargo solamente con una prueba de gran escala podrá confirmarse esa posibilidad”, agregó Damián Torres.

Aunque se trataría de las conclusiones del peritaje, solo Damián Torres estuvo presente en la conferencia del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego (GCEMF), que está integrado también por otros cinco especialistas: el peruano José Luis Torero –quien realizó el primer peritaje para el GIEI durante el año 2015-; el mexicano Mario Saldaña Nolasco y los estadounidenses John DeHaan, James Quintiere y Frederic Mowrer.

Horas después, el GIEI denunció que la PGR actuó de forma unilateral y violó acuerdos previos por lo cual “reconsiderará su trabajo” con el gobierno mexicano.

El equipo conformado por Carlos Beristáin, Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia reclamó la violación a la confidencialidad de la investigación. Además se adelantaron conclusiones sin aval del resto de las partes, tanto integrantes del CGEMF como del propio GIEI.

También el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reaccionó tras la conferencia y alertó que en lo informado por  Damián Torres y PGR “no hay una respuesta concluyente”, es decir “dicha conclusión, por el momento, no afirma ni niega la hipótesis”, según la cual los 43 normalistas fueron asesinados y calcinados allí.

Con base en sus propios estudios, los forenses más experimentados del mundo cuestionaron una a una las afirmaciones de los voceros oficiales y solicitaron “respetuosamente al panel de expertos (del GCEFM) que amplíen la conclusión”. Por ejemplo, señalaron que el actual informe “no especifica cuándo (temporalidad) pudo haber ocurrido ese fuego de grandes dimensiones”, detalle significativo porque imágenes satelitales han señalado la existencia de otros eventos de fuego en años previos.  

Respecto de los 17 seres humanos presuntamente quemados allí, replicó el EAAF que ellos documentaron la presencia de restos pertenecientes al menos a 19 individuos, pero no se ha podido establecer desde cuándo están depositados allí, si fueron dejados en uno o más momentos además de que se recuperaron prótesis dentales y ninguno de los normalistas contaba con esos arreglos odontológicos.

“Hasta la fecha no hay ninguna identificación de los restos de los 43 estudiantes desaparecidos realizada sobre restos que se hayan recuperado en el basurero de Cocula”, concluyó el grupo de antropólogos forenses que trabaja en el caso desde octubre de 2014.

Las diferencias en torno del tercer peritaje ahondan la tensión entre el gobierno, EAAF y GIEI, grupos que han investigado en el terreno desde octubre y noviembre de 2014 a la fecha respectivamente, pero además han sido decisivos para que el caso se mantenga abierto. (I)