La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) volvió a trazar una línea inamovible en la búsqueda de una salida negociada al conflicto: no aceptarán ir a la cárcel tras firmar un acuerdo de paz. Es más, aseguran que así no habrá un acuerdo.

“Manifestamos que no es posible un acuerdo que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero por el hecho de haber ejercido el derecho a la rebelión (...) para acabar con las injusticias que ha padecido nuestro pueblo”, declaró la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por Ricardo Téllez, uno de sus delegados en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana.

“No son los miembros de las FARC quienes han gozado de impunidad a lo largo del conflicto colombiano, sino la oligarquía, la clase política gobernante y las fuerzas militares”, añadió Téllez.

Por tanto, “el punto de partida para definir la justicia aplicable a la guerrilla debe ser el reconocimiento del carácter político-militar de las FARC y del derecho a la rebelión”, idea que ha sido expuesta por la insurgencia en varias ocasiones, declararon las FARC.

Según el grupo guerrillero, esta idea implicaría adaptar la Constitución y las leyes en algunos aspectos, ya que las normas actuales fueron hechas por el Estado con propósitos ‘oportunistas’.

Al respecto, el analista Bernardo Ramírez indicó a EL TELÉGRAFO que “los deseos de las FARC son complicados, ya que la justicia transicional, que es la que debería aplicárseles, por lo menos exige primero la verdad y la reparación y el pago de alguna pena alternativa por parte de los responsables”. En este caso, indicó, “los comandantes guerrilleros deberán pagar una pena mínima, como lo exige la justicia internacional o la Corte Penal Internacional (CPI)”.

Al respecto, el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, premio Nobel de la Paz 2001, también advirtió el viernes pasado en una reunión con los negociadores de ambas partes en La Habana, que si un eventual acuerdo de paz no contempla justicia en Colombia, podría intervenir la Corte Penal Internacional. Jesús Santrich, delegado de las FARC, calificó de ‘desafortunado’ su pronunciamiento.

Sin embargo, el comandante Téllez afirmó que es importante tener en cuenta el “margen de apreciación nacional” de la jurisprudencia internacional. Este concepto implica “el reconocimiento de la capacidad nacional para la resolución de situaciones contenciosas con alto grado de especificidad nacional”.

El dirigente asegura, además, que existe una experiencia propia, colombiana, para la resolución política y jurídica de conflictos armados, que debe ser tomada en cuenta para elaborar alternativas que contribuyan a la paz y la reconciliación nacional.

El gobierno de centro-derecha de Juan Manuel Santos y las FARC, la mayor guerrilla de ese país, están negociando desde noviembre de 2012 el fin del conflicto, que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales.

La mesa de negociaciones, que está instalada en La Habana, aborda actualmente el tema de las víctimas del conflicto, pero en paralelo avanza conversaciones sobre el punto referido al fin de las hostilidades y la dejación de las armas por parte de la guerrilla.

SANTOS BUSCA ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS

Colombia tendrá que plantear a Estados Unidos que renuncie a extradiciones de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para permitir que concluya el proceso de paz con la guerrilla, insistió ayer el presidente Juan Manuel Santos, aunque negó haber empezado gestiones en ese sentido.

“Es un tema que eventualmente va a tener que estar en la mesa porque no creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”, afirmó en rueda de prensa en Madrid, donde realiza desde el domingo una visita de Estado de tres días.

Se trata de “un tema que es complejo, que es difícil, pero que tiene que ser resuelto”, agregó, precisando que “hasta el momento no ha sido abordado con las autoridades norteamericanas”.

En una entrevista al diario El País, ya anunció su intención de buscar una solución. “Ellos van a preguntar: ¿qué va a pasar con nosotros, nos van a extraditar? Y yo tengo que decirles: pues vamos a buscar la forma para que no”, dijo.

Desde que la guerrilla y el Gobierno colombiano comenzaron las negociaciones en La Habana a finales de 2012, las FARC exigen que Washington libere al guerrillero Simón Trinidad, de 63 años, extraditado en 2004 por narcotráfico y lavado de activos e inculpado por el secuestro de tres ciudadanos de ese país.

Las autoridades estadounidenses piden la extradición de otros integrantes de las FARC.