La visita de inspección de los acreedores internacionales de Grecia tropezó ayer con diversas protestas de los trabajadores del sector privado, funcionarios públicos y jubilados, afectados por una nueva ola de recortes y la posibilidad de ser despedidos en los próximos meses.

Así, la llamada “troika”, compuesta por expertos de la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) tuvo que cambiar el sitio y la hora de su reunión con el ministro de Transporte, Yanis Ragusis, después de que un grupo de funcionarios les cerrara el paso, informó la televisión estatal NET.

Además, una manifestación de cientos de estudiantes y de alumnos de educación secundaria cerró en la tarde el acceso al centro de Atenas por un par de horas, en protestas contra las reformas en la enseñanza y la austeridad, que ha retrasado la entrega de material escolar.

La “troika” reanudó el jueves  los contactos que había interrumpido el 2 de septiembre al considerar que Grecia no cumplía el programa de austeridad para reducir el enorme déficit fiscal, que incluye drásticos recortes de gastos, aumentos de impuestos y un programa de privatizaciones.

El informe de la troika dependerá si el resto de los socios de Grecia en la zona del euro dan   luz verde al próximo tramo, de 8.000 millones de euros, del préstamo otorgado en mayo de 2010 para ayudar al país heleno a salvarse de la bancarrota.

En el sector de transportes, Atenas se ha comprometido a realizar  una fusión de las diversas empresas, que han ocasionado pérdidas de 150 millones de euros este año, así como a la reducción de su plantilla en un 10% y la implementación de la liberalización de las licencias en las profesiones de taxistas y camioneros.

El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, también se entrevistó ayer con la “troika” y con el ministro de la Reforma Administrativa, Dimitris Repas, para repasar los detalles de los proyectos de ley para reducir el sector público en un 30 % hasta 2015, lo que comprende despidos y jubilaciones adelantadas que encuentran la oposición de la población.

Precisamente, los inspectores han pedido al régimen del primer ministro, el socialista Yorgos Papandréu, que despida inmediatamente a 30.000 funcionarios.

Pero Papandréu convocó  para mañana un Consejo de Ministros para discutir la posibilidad de poner en reserva a esos funcionarios, una medida pensada como alternativa a los dolorosos e impopulares despidos, que, sin embargo, tropieza con la legislación vigente. 

El Gobierno heleno discute también la decisión asumida ayer por el Consejo de Ministros de establecer un sistema de sueldos único en   el sector público, lo que deberá reducir hasta un 25% los ingresos de unos 70.000 funcionarios (del 15 al 17% del total de 900.000), para ahorrar unos 2.800 millones de euros al año.