Sin mencionar la avanzada judicial,   la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner publicó en su Facebook: “¿Saben qué? El odio, el agravio, la infamia, la calumnia se los dejamos a ellos....”.

La Presidenta fue imputada el viernes por el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido Alberto Nisman contra la mandataria y otros funcionarios. La causa investiga el supuesto encubrimiento del atentado en la mutualista AMIA, que dejó 85 muertos, en 1994.

“...Nosotros nos quedamos con la Asignación Universal por Hijo, con las jubilaciones, con el matrimonio igualitario, con la ampliación de derechos, con los convenios colectivos de trabajo, con el mejor salario mínimo vital y móvil de toda la historia, con la industria nacional, con las inversiones en infraestructura, con la educación, con las universidades, con los científicos, con las escuelas, con los chicos”, agregó la Jefa de Estado en su comentario.

Por su parte, la Procuración del Tesoro presentó el viernes las pruebas que refutan la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Con 68 páginas y 15 documentos probatorios, el organismo de los abogados del Estado, sostuvo que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidenta de la Nación o a funcionarios del gobierno nacional susceptibles de ser encuadradas en los ilícitos penales tipificados (...) en el Código Penal”.

Tal como adelantó el diario Página/12, la procuradora Angelina Abbona respondió cada una de las acusaciones y presentó las pruebas para controvertirla. Lo hizo ante el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se reincorporará a sus tareas el 22 de febrero. Hasta tanto, el juez es reemplazado por su par Sebastián Ramos.

Abbona presentó un escrito en donde sostiene que la acusación de Nisman impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita contra la presidenta Cristina Fernández y dirigentes del oficialismo, entre otros, por encubrir el atentado a la AMIA y liberar de responsabilidad a acusados iraníes, “no tiene sustento probatorio” y es un “entramado ficcional”.

Ese juzgado tiene a su cargo la investigación de la denuncia formulada el 14 de enero por el fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA, quien fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.

El texto firmado por Abbona, y los subprocuradores Horacio Diez y Javier Pargament también precisó que “algunos indicios invocados como la supuesta prueba del fantástico plan delictivo no soportan siquiera un mínimo test”. Además señaló que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía, y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido de que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”.

Entre la serie de documento constan el intercambio de cartas entre el canciller Héctor Timerman y el secretario general de Interpol, Ronald Noble. La nota del 15 de enero de este año, firmada por Noble, desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones de Interpol” respecto de los iraníes, argumentó Abbona.

En los hechos, la presentación de la Procuración tiene por objeto sustentar la legitimidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo en relación con el Memorándum de Entendimiento con Irán, refutando la denuncia de Nisman acerca de un supuesto acuerdo para exculpar a los funcionarios de ese país sospechados de haber propiciado el atentado a la AMIA, a cambio de negociaciones comerciales entre ambos países.

El viernes, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, señaló que la imputación se trata de “una estrategia activa de desestabilización de golpismo judicial activo…” que busca causar la conmoción social que ayude a la oposición en las próximas elecciones de octubre.

Si bien la presidenta Fernández no está siendo acusada de un delito, el pedido -si es aceptado por el magistrado- significará que la mandataria, el canciller Héctor Timerman y las otras personas denunciadas por Nisman, podrían ser investigadas para saber si existe alguna alguna responsabilidad penal.