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El Telégrafo
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La Cámara Federal denunció un plan sistemático de exterminio y condenó a Jorge Videla y Emilio Eduardo Massera

Hace 30 años, Argentina inició el camino para juzgar a los represores de la dictadura

Una de las sesiones del llamado “Juicio a las Juntas” que sentó en el banquillo a los militares por las violaciones de DD.HH. Archivo Clarín
Una de las sesiones del llamado “Juicio a las Juntas” que sentó en el banquillo a los militares por las violaciones de DD.HH. Archivo Clarín
09 de diciembre de 2015 - 00:00 - Marcelo Izquierdo, corresponsal en Argentina

Treinta años después del histórico fallo que condenó a los jerarcas de la última dictadura militar argentina, el 9 de diciembre de 1985, María Josefina Cerutti comienza a cerrar las cuentas con su pasado. “Recuerdo que ese día sentí una mezcla de alegría y tristeza. Por un lado la felicidad de que hubiera un poco de justicia, pero a mi abuelo y a mi tío (desaparecidos) no los devolvieron nunca más”, dice.

Esas dos simbólicas palabras, “Nunca más”, fueron precisamente las últimas que pronunció durante su alegato final el fiscal del denominado “Juicio a las Juntas”, el recientemente fallecido Julio César Strassera, antes de conocerse el fallo de los jueces de la Cámara Federal. El juicio había sido impulsado por el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-89), el “padre” de la joven democracia argentina, tras asumir el poder dejando atrás los siete años más oscuros de la historia del país austral.

“Fue una sensación que contrastaba la tragedia y la alegría porque al fin existía justicia”, recuerda Cerutti en entrevista con EL TELÉGRAFO.

El fallo del 9 de diciembre de hace 30 años dejó una huella indeleble en la memoria de los argentinos: la Cámara Federal denunció un plan sistemático de exterminio y condenó a los dictadores Jorge Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de prisión; a Armando Lambruschini a 8 años; y a Orlando Agosti a 4 años y 6 meses de cárcel. Fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri (que sería condenado más tarde por su rol en la guerra de Malvinas) y Jorge Anaya.

Cerutti es una de las miles de víctimas de la dictadura. En febrero pasado declaró como testigo en la “mega-causa” que investiga los crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención más grande de la dictadura administrado por la Armada y hoy convertido en espacio para la memoria. Y en febrero próximo la editorial Sudamericana publicará su libro “Casita Robada”, sobre “el secuestro y el millonario saqueo que el almirante Massera cometió contra la familia Cerutti”.

“Yo estuve en el juicio, hace 30 años. Fue cuando declararon mi abuela Josefina y mi tío Juan Carlos por las desapariciones de mi abuelo Victorio y de mi también tío Omar Pincolini (marido de Beatriz, hija de Victorio y Josefina Cerutti). Ese día sentí una reivindicación de lo que había pasado con mi familia. El Estado estaba sosteniendo a los sobrevivientes, a los testigos, para que pudieran contar el horror sufrido durante la dictadura”, afirma.

A Victorio Cerutti y Omar Pincolini los secuestraron juntos en la noche del 12 de enero de 1977 en Chacras de Coria, en la provincia andina de Mendoza, donde vivía la familia. Ambos fueron trasladados a la ESMA, donde fueron vistos por última vez. Allí, en los pasillos de ese mega-centro de torturas y detención ilegal, los esbirros de Massera fraguaron documentos y les hicieron firmar bajo apremios el traspaso de la sociedad familiar Cerro Largo S.A. a manos de represores. Otros dos socios, Conrado Gómez y Horacio Palma, también desaparecieron.

“La empresa era propietaria de viñedos” en Chacras de Coria. “Los secuestraron, los torturaron y con actas fraguadas respaldadas por el escribano del almirante Massera, autenticaron todo el robo en los sótanos de la ESMA. Armaron sociedades con personal de la Armada y las tierras de mi familia aparecieron a nombre del hijo y del hermano de Massera. A lo largo de estos 30 años, a través de juicios, Cerro Largo S.A. fue devuelta, pero los terrenos habían sido vendidos y la familia solo pudo recuperar algunas hectáreas”, cuenta María Josefina Cerrutti.

Victorio Cerutti y Omar Pincolini fueron arrojados al río de la Plata, aún vivos, en los llamados “vuelos de la muerte” que salían de la ESMA, según la confesión del exmilitar Adolfo Scilingo, condenado en España a 1.084 años de prisión por delitos de lesa humanidad. “Scilingo declaró que creía que mi abuelo y mi tío habían estado en alguno de sus aviones”, rememora.

Treinta años después, esta periodista y escritora empezó a cerrar las heridas. “Este año, en febrero, declaré en la mega-causa de la ESMA y conté todo lo que pasó con mi familia. Me parece que es un orgullo para un ciudadano que exista un país que pueda juzgar a los represores. Ni siquiera Alemania fue tan profunda con los juicios de Nuremberg para que haya llegado a la conciencia de la gente. Y las encarcelaciones producidas en estos últimos años (durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) fueron una manera de crear conciencia”.

“Cuando el Estado dice los vamos a juzgar, los juzga y los mete presos, aquello que se decía que había pasado se convierte en real para una sociedad que se negaba a aceptar el horror que había vivido este país. La justicia hizo justicia y dejó un fallo para la historia. Fue una decisión ética de decir nunca más y esto pasó en este país”, esgrime. (I)

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