Las últimas dos semanas han representado una prolongada crisis para el gobierno de Ollanta Humala. La razón está registrada en la visita desarrollada por el mandatario peruano a su homólogo francés, François Hollande, efectuada el 9 de octubre de este año.

Procedente de su participación en el Foro de Cooperación Económica en Asia-Pacífico (APEC), Humala decidió sobre la marcha atender la invitación efectuada por la Cancillería francesa. El detalle está en  que dicha acción no estaba contemplada en la hoja de ruta originalmente aprobada por el Congreso de la República del Perú, órgano encargado de otorgar luz verde a los viajes del presidente al exterior, previa presentación de una agenda en la que conste la justificación del viaje, los días de duración y la ruta.

Ya en la tarde del 8 de octubre, cuando la visita fue divulgada por los medios, las voces de distintos políticos peruanos se hicieron sentir. La mayoría de las voces de oposición señalaba una infracción constitucional en la que habría incurrido el primer mandatario, al desviar su agenda en el exterior.

Ante tales acusaciones, la bancada oficialista de Gana Perú, partido que auspició a Humala, se apuró a emitir un comunicado en el que aseguraba que el presidente habría realizado un “gesto de cortesía” frente a la invitación francesa, en pos de lograr afianzar los lazos que entre las dos naciones se han tejido a nivel comercial y político.

Las declaraciones de los oficialistas señalaban como exageradas e infundadas  las críticas, y veían detrás de ellas una serie de intereses creados para desestabilizar a la representante de la política exterior, la canciller peruana Eda Rivas.

A su retorno al Perú, y ya en medio del alboroto mediático, Humala respondió con silencio. Quizá esa falta de atención al bullicio, que parecía inflamarse con el transcurso de los días, fue lo que más furia desató en la oposición, que no demoró en emitir en el Congreso el debate para una posible censura a la Canciller.

Recién la mañana del 15 de octubre, Ollanta Humala emitió declaraciones sobre este particular. De acuerdo a su punto de vista, ninguna infracción constitucional se habría producido por la cuestionada visita. Aun así, nada pudieron esas declaraciones frente a la propuesta de moción a la Canciller, fijada por el Congreso para ser debatida el lunes pasado. Las bancadas del fujimorismo, Solidaridad Nacional, Concentración Parlamentaria y otros grupos afines, aseguraron sus votos para reprochar la acción.

Juan Jiménez Mayor, jefe del Consejo de Ministros, advirtió que lo único que la oposición estaba buscando con la agudización de las críticas, era crear una crisis política apuntando a debilitar la imagen del régimen.

Pero Daniel Abugattás, miembro de la bancada humalista, fue más allá: identificó a quien, según su criterio, estaría detrás de todo el revuelo causado por el viaje del gobernante. Fernando Rojas Samanez, vicecanciller de la República, era el acusado. Abugattás señalaba que el mencionado tenía intereses para desestabilizar a la canciller Rivas y pedía, como reacción inmediata, su renuncia, así como una reestructuración completa del servicio exterior peruano.

Para el excanciller José García Belaúnde, las declaraciones del oficialista eran del todo desproporcionadas, consideradas como declaraciones “golpistas”, ya que, según Belaúnde, buscarían aprovechar la crisis para cesar a buena parte del cuerpo diplomático.

Pero las voces de un lado y otro no hicieron más que calentar la escena: la mañana del lunes 21 de octubre, unos airados congresistas protagonizaron el debate alrededor de aceptar o rechazar la moción de censura a la acción de Humala.

Las discusiones vertidas en el Legislativo distaron de un análisis legal y constitucional del evento y, por el contrario, se centraron en acusaciones de corrupción, interés, ceguera política e incapacidad.

El resultado fue el esperado: la propuesta de censurar a Rivas fue desechada. Tras cuatro horas de deliberación, los 66 votos de los que dependía la moción no pudieron ser  completados.