Filipinas aprobó la ley que tipifica las desapariciones forzadas de personas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la primera de su clase en Asia, según Human Rights Watch.

El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, firmó la legislación que define este delito como "arresto, retención, rapto o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o personas o grupos que actúen con permiso o apoyo del Estado mediante la omisión de la privación de libertad o por la ocultación del destino o paradero del desaparecido", según el diario "Inquirer".

El diputado Edcel Lagman, impulsor de la legislación en el Congreso de los Diputados, dijo que la iniciativa "busca acabar con la impunidad de los perpetradores" y proporciona justicia a las víctimas a través de compensaciones y penas para los infractores.

La organización internacional Human Rights Watch destacó en un comunicado que "es la primera ley de su clase en Asia y un hito en la lucha para erradicar esta horrible violación de los derechos humanos".

Según la organización "Karapatan", plataforma filipina de ONG de derechos humanos, 12 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas con la presidencia de Aquino, mientras que otras 206 lo fueron durante el mandato de su predecesora, Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010).

Por otro lado, decenas de filipinos se manifestaron en Manila para pedir que se haga justicia con los responsables de las muertes de 58 personas cuando se cumple el tercer aniversario de la matanza ocurrida en el sur del país.

El centenar de acusados detenidos incluyen al patriarca, un hijo y tres hermanos de la familia Ampatuan, acusados de organizar la matanza contra la comitiva de un político rival en la convulsa provincia de Maguindanao. Entre los muertos había 32 periodistas que acompañaban al entonces candidato y actual gobernador Ismail Mangudadatu.