Familiares de Ayotzinapa suspendieron todo diálogo con el gobierno mexicano hasta que el funcionario Tomás Zerón de Lucio sea investigado y sancionado por alteración de pruebas en el caso de la desaparición de 43 estudiantes, ello después que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció su designación en un cargo de alto nivel.

“Basta, no más mentiras ni simulación. Hasta que no sea investigado y sancionado Tomás de Lucio no nos volveremos a sentar (con las autoridades). Esa es la exigencia: hasta que no se concluya, se investigue y se sancione a Tomás Zerón de Lucio los padres de familia no estaremos retomando las pláticas”, dijo el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, en conferencia de prensa ofrecida en la capital.

El 24 de abril, el último reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhibió fotografías y videos que muestran a Zerón de Lucio en el río San Juan junto a uno de los imputados por el caso, Agustín García Reyes, presunto integrante del cártel Guerreros Unidos. Las gestiones, que tuvieron lugar un día antes del supuesto hallazgo de restos óseos en ese lugar, nunca fueron reportadas oficialmente ni integradas a la investigación.

Desde entonces los familiares de Ayotzinapa han exigido que Zerón de Lucio sea investigación y cesado en el cargo de jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Las autoridades dieron lugar al pedido e inició una pesquisa pero antes de concluir, este miércoles, Zerón dimitió al cargo arguyendo “razones personales”. Tres horas después fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) por orden expresa del presidente Peña Nieto, “en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”, según afirma el boletín oficial respectivo.

“Es indignante que después de tener una investigación abierta lo premien con un cargo más alto. Es una burla pero no nada más a los 43 padres de familia, es un burla a todos los mexicanos”, reclamó Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández.

Cristina Bautista Salvador, madre del desaparecido Benjamín Asencio Bautista, agregó: “El Presidente lo está protegiendo y le da un premio por construir la mentira histórica del basurero de Cocula y del río San Juan”, versión según la cual los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero y luego arrojadas sus cenizas a ese río, misma que ha sido calificada de inviable por expertos internacionales.

“Es un mensaje político de protección. Puede ser la crónica de impunidad anunciada porque el presidente nombra a un funcionario que está sujeto a investigación”, apuntó Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Prodh). Resaltó que los familiares han decidido cortar las conversaciones como medida de fuerza mayor pero siempre han demostrado voluntad de diálogo.

Cristina Bautista completó “no nos vamos a rendir, aquí estaremos hasta saber dónde están nuestros hijos”.

Este 26 de septiembre se cumplen dos años de los ataques perpetrados por fuerzas de seguridad y civiles armados en la ciudad de Iguala, Guerrero, que dejaron como saldo seis personas fallecidas –entre ellas tres estudiantes-, decenas de heridos –dos de gravedad- y 43 desaparecidos. (I)