Lima.-

Las protestas antimineras contra el proyecto Conga continuaban ayer en Cajamarca, norte de Perú, pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano en tres provincias de la región tras los enfrentamientos del martes   que dejaron tres muertos y más de veinte heridos.

Un grupo de manifestantes fue reprimido ayer en la Plaza de Armas del departamento de Cajamarca por policías antimotines que detuvieron a tres personas, informó Gregorio Santos, presidente regional del departamento.

El ex sacerdote Marco Arana, uno de los líderes de la protesta, denunció que fue detenido y golpeado en la plaza por la policía, que lo trasladó a la comisaría.

El gobierno de Ollanta Humala decretó desde ayer, y por 30 días, el estado de excepción, que autoriza a los militares a restablecer el orden público y restringe la libertad de los ciudadanos en las provincias Celendín, Hualgayoc y Cajamarca, en un intento por contener protestas contra la ejecución del proyecto aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont.

El gobierno autorizó a Yanacocha construir el primer reservorio de agua en las zonas altas de Cajamarca como paso previo al proyecto, en el que se invertirán 4.800 millones de dólares, pero los habitantes de la zona temen que la explotación minera pueda dañar sus fuentes de agua y causar contaminación en la norteña región, ya que se tiene previsto secar cuatro lagunas. 

El martes, violentos choques registrados en Celendín provocaron la muerte de tres personas y heridas a una treintena, entre quienes  estaban dos policías con heridas de bala, según informe del Ministerio del Interior.

Ante los hechos, el ministro de Justicia, Juan Jiménez, justificó la decisión del gobierno de implantar el estado de excepción para garantizar el orden y llamó a la calma a la población de Cajamarca. “Desde el gobierno hacemos un llamado a la ponderación y a la calma, y que no existan excesos. El gobierno mantiene una actitud de diálogo”, dijo Jiménez a la agencia oficial Andina.

El ministro lamentó que los incidentes ocurridos en Celendín formen parte de “la intolerancia de ciertos dirigentes que no quieren dialogar con el gobierno”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó los actos de violencia del martes “que generaron la destrucción de la propiedad pública y privada, así como el uso de armas de fuego”. “Exhortamos a los ciudadanos y ciudadanas a dejar de lado cualquier manifestación violenta”, reclamó la Defensoría, que llamó al gobierno regional de Cajamarca y al gobierno central a que “propicien condiciones para poner en marcha una ronda de conversaciones constructiva y de buena fe”.

En mayo, otra protesta en el sur de Perú, esa vez contra la transnacional Xstrata por un mayor aporte económico para la zona de Espinar donde opera, dejó dos muertos.

Con las muertes en Cajamarca suman 13 las víctimas fatales en protestas sociales desde que el presidente y militar retirado Ollanta Humala asumiera el poder en julio del año pasado.