El gobierno español tomaba este lunes las riendas del poder en Cataluña sin resistencia por parte del destituido presidente independentista Carles Puigdemont, que se encontraba en Bruselas después de recibir una querella de la fiscalía por rebelión y sedición.

Este lunes es el primer día laborable desde la declaración de independencia hecha el viernes por el parlamento de Cataluña y las medidas adoptadas por parte del jefe de gobierno Mariano Rajoy para controlar la región, dos acciones sin precedentes en la España moderna.

En un ambiente de incertidumbre, todas las miradas buscaban a Puigdemont para saber si se resistiría a abandonar su cargo.

Desde temprano, decenas de periodistas aguardaban la llegada del líder catalán a la sede del gobierno regional en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Pero no apareció, como tampoco lo haría después en una reunión de la dirección de su partido.

¿Dónde está Puigdemont?, era la pregunta en boca de todos.

"Está en Bruselas", afirmó a la AFP una fuente gubernamental española. El diario catalán La Vanguardia señaló que iba acompañado por otros miembros de su gobierno cesados.

El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, había insinuado que el país podría ofrecer asilo al gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.

La noticia de su viaje a Bruselas saltaba minutos después de que el fiscal general del Estado anunciara una querella contra Puigdemont y sus compañeros por varios delitos, entre ellos "rebelión" y "sedición", penados con hasta 30 y 15 años de cárcel.

Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza, que ya presentó una querella por desobediencia tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.

Los independentistas, que el viernes celebraron con júbilo el nacimiento de su república, aguardaban cada vez más desanimados.

"Estamos a la espera de qué hace el gobierno" de Puigdemont, explicaba el domingo por la noche un responsable de una organización independentista.

"Si se creen ellos mismos que son el 'govern' de la República, entonces nosotros saldremos a protegerlos, pero si no hacen nada, tendremos que ver qué hacemos", agregó el responsable, que solicitó el anonimato.

Pero solo uno de sus integrantes había acudido a su despacho, según colgó en una fotografía de Twitter, aunque lo abandonó poco después. Y en todas las dependencias oficiales, seguían ondeando las banderas españolas.

De la decisión de los líderes independentistas también dependen los 200.000 funcionarios de la administración regional, ahora ya bajo órdenes de Madrid.

En las últimas semanas habían surgido llamamientos a desobedecer a sus nuevos superiores pero es incierto si lo harán tras la aparente desbandada de sus dirigentes.

Hacia las elecciones 

La región se dirige ahora a una nueva contienda electoral para calibrar fuerzas entre los partidarios y los contrarios a la secesión, que se reparten casi a partes iguales entre los catalanes.

Entre las medidas adoptadas el viernes, Rajoy decretó la disolución del parlamento regional y la convocatoria de elecciones regionales el 21 de diciembre. Por el momento, la cámara, dominada por los separatistas, pareció aceptar la decisión y desconvocó una reunión prevista para el martes.

En un ambiente de precampaña, la asociación Sociedad Civil Catalana congregó el domingo a cientos de miles de personas en una manifestación por la unidad de España con el lema "Todos somos Cataluña" en el centro de Barcelona, donde resonaron insistentemente gritos de "Puigdemont a prisión".
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Según las últimas escuestas publicadas, los independentistas podrían perder en estas elecciones la mayoría absoluta del parlamento regional obtenida en septiembre de 2015 por primera vez en su historia. (I)