El ministro de Educación de Perú, Jaime Saavedra, se encuentra en el centro de una pugna política que esta semana hallará desenlace.

Tras su cabeza, la mayoría fujimorista -73 congresistas en el pleno- desplegó, desde septiembre pasado, una estrategia de desprestigio a la gestión de esta cartera de Estado. El resultado se escribió el pasado 9 de diciembre: la moción de censura contra Saavedra reposa en las actas del Congreso a la espera de una votación final.

La inscripción del documento echó por tierra cada una de las 11 horas que, el pasado jueves, el ministro tomó para responderle al Legislativo el pliego de 18 preguntas que el fujimorismo entregó como parte de una interpelación a su accionar al frente del Ministerio de Educación.

Saavedra, un economista destacado académicamente y ligado hace varias décadas a investigaciones alrededor de la educación, concentró sus respuestas frente a los tres temas centrales que la oposición postuló como puntos críticos: la demora en la construcción de infraestructura para los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima en 2019, las irregularidades en la adquisición de computadoras por un estimado de 146 millones de soles ($ 43 millones), y los gastos en consultorías contratadas por su cartera de Estado. Sin embargo, en el hemiciclo, menos de la mitad de la bancada fujimorista presenciaba esta exposición. Aun así, una vez concluida, los integrantes de la oposición lanzaron acusaciones de carácter político contra la gestión de Saavedra, sin concentrarse  en los temas que, se supone, ellos mismos plantearon como núcleo de la interpelación.  

Esta reacción ilustra el fondo de este conflicto que tiene de un lado al Ejecutivo, presidido por Pedro Pablo Kuczynski, y del otro a la oposición, capitaneada por Keiko Fujimori. Saavedra, en la cartera de Educación desde mediados de 2013, fue el único ministro de la  administración de Ollanta Humala requerido para seguir con su gestión en el nuevo gobierno. Sobre sus hombros tiene el antecedente de haber llevado adelante una reforma educativa que abarca los campos vitales de ese ramo: mejora de salarios a los maestros, reducción de la brecha de infraestructura en la educación pública, reorganización de los contenidos educativos y reestructuración de la administración universitaria. Este último tema está colocado al fondo de los reclamos de la oposición.

En Perú, la universidad privada ha ganado un lugar de privilegio en los 25 últimos años, generando rentas millonarias que han sido administradas al interior de estos establecimientos educativos, llegando a transparentarse mínimamente. Rectores y altas autoridades de varias de estas universidades han sido, en más de una ocasión, congresistas del fujimorismo, o aportantes en las distintas campañas que esta tienda política ha llevado adelante.

Una de las acciones que busca la reforma impulsada por Saavedra es abrir esa información a un nuevo manejo administrativo del cual la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ente adscrito al Ministerio de Educación, se haga responsable. La pugna entonces ha superado los argumentos de administración de Saavedra y se ha establecido, abiertamente, bajo la consigna de sacarlo de su posición. Del mismo modo, los efectos políticos han pasado factura a distintos espacios. Kuczynski, por ejemplo, muestra este mes, de acuerdo a medición de la consultora Ipsos, el nivel de popularidad más bajo, 48%, desde que asumió el mandato en julio pasado. El respaldo a Keiko Fujimori, cabeza visible de la oposición a Saavedra, tampoco ha quedado intacto: un 55% de personas la ve como responsable de esta crisis y como un obstáculo para el desarrollo del país.

El Congreso, paradójicamente, la institución con el mayor rechazo y descrédito del país, 52%, deberá decidir esta semana, por voto mayoritario, el destino de Saavedra. Necesitarán apenas 66 votos para censurarlo. Solo el fujimorismo tiene en su poder 72 votos posibles.

Kuczynski, dijo que defenderá a su ministro con todo lo que pueda. Eso, ante este panorama implica una sola alternativa: pedir, previa la censura de Saavedra, que el Congreso acoja un voto de confianza para todo su gabinete de ministros. Es decir, someter a voto a su gabinete, Saavedra incluido, para que siga en funciones. Si ese voto fuese negativo, entonces el presidente deberá presentar, de forma inmediata, un nuevo gabinete, y someterlo, una vez más, al voto de confianza del Parlamento. Si este segundo voto es negativo otra vez, Kuczynski podría disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias.

Cuestionado por si se tomará esta alternativa, el presidente respondió que su equipo de asesores la estudia desde hace algunas semanas. Una opción que puede encender el país entero, desde la mirada de la oposición.

Las presiones para uno y otro lado, sin embargo, no son menores. Los estudiantes universitarios, por ejemplo,   anunciaron la toma de las calles desde este lunes bajo la consigna de ‘La educación se respeta’.

Un panorama que coloca el peso del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, en el punto más crítico, a menos de cinco meses de sus respectivas funciones. (I)