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160.000 pérdidas de empleo se registraron en el primer semestre de 2016

Agosto llega con huelgas en Argentina

Ciudadanos envueltos en mantas protestan contra los recortes de los subsidios a los servicios básicos, en Buenos Aires.
Ciudadanos envueltos en mantas protestan contra los recortes de los subsidios a los servicios básicos, en Buenos Aires.
Foto: AFP
02 de agosto de 2016 - 00:00 - Corresponsalía en Argentina

Los pronósticos optimistas que vaticinaban un repunte de la economía en el segundo semestre se diluyen a diario en Argentina. Agosto despunta en el calendario como un mes complicado, ya que en 4 provincias no hay clases y los docentes de Buenos Aires le pusieron fecha a una medida de fuerza para después del receso invernal en reclamo de la reapertura de las paritarias.

Con la discusión salarial nuevamente en agenda y para protestar por los despidos que se acumulan desde que inició este año, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció una huelga para el 11 de agosto, mientras la Confederación General del Trabajo (CGT) debate organizar una protesta para después del 22. “Hubo despidos y queremos evitar que sigan”, declaró al anunciar la medida de fuerza Hugo Godoy, líder de la ATE; mientras Juan Carlos Schmid, jefe de los transportistas, auguró “un horizonte de conflicto donde la CGT evalúa medidas”.

ATE es uno de los gremios más importantes del país, con cerca de 225.000 afiliados y con poder para paralizar escuelas, hospitales y municipios. La protesta programada para el 11 de agosto contará con el respaldo del Movimiento Evita, Barrios de Pié y las agrupaciones que representan a los cooperativistas, entre otras.

Apenas cuatro días antes, el 7 de agosto, los mismos actores sociales participarán en una marcha que unirá la Casa Rosada con la Iglesia de San Cayetano, en el barrio Liniers. Muchos argentinos son devotos del Patrono del Trabajo y todos los años, el 7 de agosto, se congregan para pedir o agradecer algún favor. Este año con 160.000 despidos en el primer semestre se espera que la  movilización sea multitudinaria.

¿Qué son las paritarias?

La brutal escalada de los precios de los alimentos y el tarifazo de los servicios de gas y electricidad empujaron a los gremios a reclamar la reapertura de las paritarias, es decir las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios para discutir recomposiciones salariales para equiparar las pérdidas acumuladas por la inflación.

Las paritarias son comisiones especiales compuestas por representantes de los trabajadores y de los empresarios del mismo rubro que están facultadas para evaluar salarios, condiciones de trabajo, horarios y también intervenir en la resolución de conflictos y modificar convenios colectivos de trabajo. En el caso de los empleados estatales (ATE) la contraparte es el mismo Estado.

Las paritarias pueden ser convocadas por cualquiera de las partes, la patronal o el sindicato a través del Ministerio de Trabajo, que obra como la autoridad de aplicación y designa a uno de sus funcionarios para presidir cada comisión. El Ministerio de Trabajo tiene la facultad de conciliar entre las partes y homologar los acuerdos surgidos de las negociaciones.

El mecanismo de recomposición salarial a través de paritarias  sirvió durante los tres períodos kirchneristas (2003-2015) para mantener el valor adquisitivo del salario. Este año, con algunas demoras, también hubo acuerdo paritario, incluso con un incremento -entre el 30% y 40%- superior a lo que esperaba el gobierno de Mauricio Macri que pretendía poner un techo de  25%. Sin embargo, la inflación ya se comió ese incremento y, por eso, ahora los gremios pujan para reabrir la discusión.

La Confederación General del Trabajo (CGT), la federación de sindicatos más grande del país, atraviesa un período de reorganización interna cuyo objetivo es proclamar la unidad después de estar fracturada los últimos cuatro años.

En ese marco, sus dirigentes declaran que la prioridad es cuidar el proceso de unidad, mientras ponen en segundo plano la concreción de un plan de lucha por el salario y los despidos. Sin embargo, Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo convocaron a un plenario de secretarios generales para el 5 de agosto que será el paso previo a la proclamación de la unidad y, luego, podría tomar fuerza la idea de convocar a un paro nacional o una movilización a Plaza de Mayo. Uno de los impulsores del plan es Schmid, firme candidato a integrar el triunvirato que conducirá la CGT unificada.

Recién cuando se constituya formalmente ese triunvirato se abriría la posibilidad de enfrentar al Gobierno Nacional con un paro general. (I)

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Los medios participan en la disputa

Los maestros de 5 provincias no iniciarán clases

El receso invernal terminó en 17 provincias, pero en 5 no comenzaron las clases en reclamo de mejoras laborales y salariales. En Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Misiones y Tierra del Fuego, los gremios cumplieron jornadas de 48 horas de paro, mientras Santa Cruz analiza sumarse a la medida en los próximos días si las negociaciones fracasan.

En ese marco, la Federación Nacional Docente y la CTA convocaron a un paro nacional de 48 horas desde ayer en las provincias en las que aún no comenzaron las clases, entre ellas la populosa Buenos Aires y Chaco, en el noreste. Misiones también se sumará a las protestas, comunicó el Movimiento Pedagógico de Liberación “por la cancelación de la deuda con los trabajadores de la educación”. Lo mismo ocurrirá en Catamarca y Chubut.

La semana anterior un editorial del matutino conservador La Nación generó polémica al proponer desde el titular ‘Un cambio en las relaciones laborales’. El texto, que refleja la posición del diario instaló en la agenda las recetas que en el 90 derivaron en la pérdida de derechos para los trabajadores, la llamada  flexibilización laboral.

Desde sus páginas, La Nación le marca la agenda al Gobierno también en otros asuntos que significarían un retroceso en materia de derechos humanos. En su edición del 26/7 (http://www.lanacion.com.ar/1921823-un-cambio-indispensable-en-las-relaciones-laborales) predica que “las normas que regulan el trabajo deben proteger a quienes lo realizan, pero al mismo tiempo no tienen que desalentar la inversión y la productividad”.

De todos modos, la idea más polémica es la de sustituir la indemnización por despido por otro sistema “conveniente tanto para el empleador como para el trabajador”. (I)

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