El proceso de modernización del transporte público de Quito llega a la Fiscalía. El concejal Wilson Merino presentó una denuncia formal por presunto peculado contra el alcalde Pabel Muñoz, el secretario de Movilidad, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y otros altos funcionarios, por supuestas irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos.

“Advertimos a tiempo y no nos escucharon”

A través de una entrevista con El Telégrafo, Merino aseguró que las alertas se levantaron antes de concretarse la compra. Desde la Comisión de Movilidad, explicó que advirtió de forma verbal y documentada al alcalde, al secretario de Movilidad y al gerente de la Empresa de Pasajeros sobre la ilegalidad del esquema.

“El uso de esta triangulación eludía la ley de contratación pública. Lo advertimos varias veces y no quisieron escuchar”, afirmó el concejal.

Ante la falta de respuesta política, solicitó hace aproximadamente un año un examen especial a la Contraloría y pidió que se active la auditoría interna del Municipio, sin resultados inmediatos.

De las alertas administrativas a la vía penal

Tras conocerse el informe de Contraloría, Merino señaló que esperaba la renuncia del gerente de la Empresa de Pasajeros o una acción directa del alcalde. Al no ocurrir, decidió avanzar hacia la vía penal.

A inicios de 2026, presentó una denuncia por presunto peculado, tipificado en el artículo 278 del COIP, que sanciona la evasión de los procedimientos de contratación pública con penas de 10 a 13 años de prisión, además de multas equivalentes al valor de la contratación arbitraria.

“Como autoridades electas no tenemos una opción discrecional. Si conocemos una irregularidad, estamos obligados a denunciar”, sostuvo.

Afectación económica y ruptura de la legalidad

Según Merino, el perjuicio no solo es económico. La compra mediante un tercero implicó el pago de comisiones adicionales y afectó la eficiencia del gasto público. Recordó un caso similar: la adquisición de seis camiones bajo el mismo esquema, hoy fuera de funcionamiento. 

“Se rompe la cultura de la legalidad. En lo público solo se puede hacer lo que la ley permite. Aquí se violó ese principio y se afectó a la ciudad”, señaló.

El concejal indicó que los USD 2,5 millones observados por la Contraloría pudieron destinarse a más trolebuses, paradas dignas o mejoras del sistema, en una ciudad con múltiples carencias en movilidad.

Informe de Contraloría detecta irregularidades

La denuncia se sustenta en un examen especial de la Contraloría General del Estado, que analizó el proceso entre agosto de 2022 y abril de 2025. El informe identificó posibles indicios de responsabilidad penal, además de responsabilidades administrativas y civiles.

Entre los principales hallazgos constan:

• Modalidad de contratación cuestionada: el Municipio firmó un Memorándum de Acuerdo con UNOPS, sin justificar técnica, financiera o legalmente la exclusión de los procesos de contratación pública ordinarios.

• Pagos sin respaldo claro: se cancelaron USD 2,55 millones por servicios de implementación que no tendrían documentación suficiente ni relación directa con productos entregados.

• Incumplimientos técnicos: los trolebuses no habrían cumplido 15 de 80 especificaciones técnicas, incluidas condiciones de seguridad como salidas de emergencia, sistemas electrónicos y control de carrocería.

Riesgos para los usuarios

Según la Contraloría, las fallas técnicas detectadas podrían poner en riesgo la seguridad de los usuarios del sistema de transporte municipal, al no cumplir estándares mínimos establecidos en el contrato.

Contexto del proyecto

Los 60 trolebuses forman parte del plan municipal para reducir la contaminación y reemplazar flotas antiguas. Las unidades empezaron a operar entre marzo y junio de 2025, luego de retrasos aduaneros, y han registrado millones de kilómetros recorridos y viajes, de acuerdo con informes municipales.

Respuesta del Municipio

La Alcaldía de Quito y la EPMTPQ rechazaron las conclusiones del informe. Aseguraron que la compra se ejecutó con transparencia y bajo un esquema de cooperación internacional con UNOPS, dentro del marco jurídico vigente.

Fiscalía analizará la denuncia

Ante la falta de correctivos internos, el concejal Merino acudió a la Fiscalía General del Estado para que se determinen posibles responsabilidades penales. El caso queda ahora en manos del Ministerio Público para la calificación de la denuncia y el inicio de diligencias.

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