La discusión sobre la llamada “tasa de basura” en Quito escaló al máximo nivel judicial. Con el respaldo de vecinos de distintos barrios, el concejal Wilson Merino formalizó una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza aprobada en diciembre de 2025 que regula el cobro por la gestión de residuos sólidos.

El eje del reclamo: el valor a pagar se calcula con base en el consumo de agua potable, una variable que, según la demanda, no guarda relación directa con la cantidad de basura generada.

El argumento central: el agua no es basura

La acción constitucional sostiene que la fórmula de cálculo vulnera el principio de equivalencia, al no demostrar que el monto cobrado refleje el costo real del servicio de recolección, barrido y disposición final de residuos.

Además, plantea que al basarse en un parámetro ajeno al servicio prestado, la tasa pierde su naturaleza jurídica y se convierte en un “impuesto encubierto”, cuya creación corresponde exclusivamente al Gobierno central.

Advertencias previas ignoradas

El boletín detalla que antes de la aprobación de la ordenanza, Merino envió observaciones escritas al Concejo Metropolitano alertando sobre posibles riesgos de inconstitucionalidad, sin que estas fueran acogidas.

La demanda recoge testimonios y respaldo de vecinos que reportan incrementos desproporcionados en sus planillas, en especial adultos mayores, pequeños negocios y sectores populares.

Qué se pide a la Corte Constitucional

La acción solicita que se declare inconstitucional el artículo que establece la fórmula de cálculo de la tasa y que se ordene reformular el cobro con base en costos reales del servicio y parámetros directamente vinculados a la generación de residuos.

El caso abre un debate más amplio sobre la legalidad de los mecanismos de financiamiento municipal y los límites entre tasa y tributo.

¿Qué implica para los ciudadanos?

Mientras la Corte Constitucional analiza la demanda, la tasa continúa vigente. Los quiteños deben revisar sus planillas, verificar el consumo facturado y documentar cualquier inconsistencia.

Si la Corte admite y da paso a la acción, podría suspenderse el artículo cuestionado o reformularse el mecanismo de cobro.

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