La Fiscalía de Flagrancia empezó a funcionar este lunes en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) del Cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil.

En estas instalaciones los ciudadanos pueden denunciar, durante el día y hasta 24 horas después, el delito del que fueron víctimas, haya o no personas detenidas.

En Flagrancia, el año pasado se conocieron 9.951 casos. Los más comunes por delitos relacionados con drogas y robo (ver infografía).

La mañana del martes 26 de febrero, autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), Fiscalía y Policía inauguraron oficialmente el servicio en el que trabajan de forma conjunta también con la Defensoría Pública.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, precisó que en el complejo judicial laboran 19 jueces e igual número de secretarios.

Además 22 ayudantes judiciales, técnicos de ventanilla, de información, de audiencias, psicólogo, perito, seis gestores de archivo, un coordinador de la Unidad Judicial, entre otros.

En cambio, en los predios hay espacio para el despacho de cuatro fiscales de Flagrancia, más los que estén de turnos. Los demás (que antes estaban en el Albán Borja) serán reubicados en el edificio Montecristi, centro de la ciudad.

El fiscal Diego Chango manifestó que esto no perjudica el desarrollo de los procesos y que cuando los funcionarios tengan que asistir a una audiencia deberán trasladarse a la UVC.

Junto a las oficinas de los fiscales hay un área lúdica para que niños permanezcan seguros mientras sus padres realizan los trámites. En un espacio contiguo están los policías que pertenecen a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Kennedy y una oficina para un oficial.

Accesos diferenciados
En la unidad, donde se encuentran nueve salas de audiencia, también hay un espacio exclusivo para atención de víctimas de violencia de género y sexual, sean niños, niñas, adolescentes o adultos.

La entrada a esta área no se cruza con la de los usuarios comunes ni los detenidos. Aquí existen dos cámaras de Gesell, sala de entrevistas, consultorio médico, espacios para peritos, psicólogos y trabajadores sociales y agentes de la Dinapen.

“Esto evita la revictimización”, destacó Vanessa Ordóñez, delegada provincial de la Judicatura.

Cuatro ejes de trabajo
Maldonado agregó que el CJ trabaja en cuatro ejes fundamentales: Lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional; Independencia judicial y Fortalecimiento de mecanismos de investigación sanción en caso de violencia contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

En cuanto a este último punto, manifestó que “estamos preocupados y atentos a la escalada de los índices de violencia en contra de estos grupos vulnerables”.

Destacó que se espera brindar un servicio integral, eficiente y cómodo. “El eficiente servicio constituye un mejoramiento de tutela de derechos”.

Evaluación de jueces y conjueces

La Presidenta del Consejo de la Judicatura mencionó que está en marcha un proceso de evaluación, en una primera fase, para los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Explicó que esta comprende la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales.

“Tenemos que conformar una veeduría nacional, sin descartar que sea internacional, porque la Constitución nos manda que el proceso sea con control social”.

Agregó que luego se conformará un comité de expertos para asistencia técnica en el diseño metodológico y este la aplicará.

Maldonado aseguró que aún no hay una fecha establecida para la conformación de comisiones, ni para obtener los resultados. “Trabajamos intensamente”. (I)