La jueza de garantías Penales Ana Lucía Cevallos dispuso la mañana de este martes oficiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que pague en cheque, efectivo o en una tercera cuenta bancaria, la pensión jubilar del exgerente de Transportes de Petroecuador, Ramiro C., quien se encuentra procesado por el presunto delito de lavado de activos en el caso de corrupción de Odebrecht.

Además, negó la posibilidad de levantar la medida cautelar de retención y bloqueo de las cuentas bancarias del exfuncionario petrolero.

Hoy, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza también negó la sustitución de la prisión preventiva que pesa contra Gustavo M., otro de los procesados en el caso y más bien ordenó oficiar al Ministerio de Justicia para que brinde las facilidades a fin de que el procesado reciba atención médica y asistencia sicológica.

Wilson Velasteguí, defensor de Ramiro C., se pronunció complacido por la resolución a favor de su cliente, ya que es una persona de la tercera edad, (66 años y bajo arresto domiciliario) separado de su esposa, que tiene como único sustento la pensión jubilar que le acreditaban en su cuenta personal del banco Pichincha, la cual está bloqueada por disposición legal.

En este caso se encuentran vinculadas cinco personas, Gustavo M., Ramiro C., Vladimir S., Diego C., y a la empresa Vladmau Contrucciones, a través de su representante legal Akira S.

Según la fiscal, lo que se investiga son transferencias que buscan ser justificadas por supuestos trabajos contratados por Ramiro C., a la empresa Vladmau, que nunca se realizaron.

A Gustavo M. la Fiscalía lo define como un intermediario entre dineros que habrían llegado de la empresa Odebrecht y que tenían como destino final Ramiro C., quien firmó el contrato para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca. (I)