La discusión sobre la inteligencia artificial y los derechos legales ya no pertenece a la ciencia ficción. Mientras empresas tecnológicas desarrollan robots humanoides y sistemas cada vez más autónomos, expertos en Derecho analizan una pregunta que hasta hace pocos años parecía impensable: ¿puede una máquina tener derechos? Para el jurista Juan Jaramillo, la respuesta es clara y los riesgos son profundos.

¿Puede una inteligencia artificial ser considerada una persona?

La discusión ganó fuerza en distintos foros internacionales. Jaramillo considera preocupante que se plantee la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial porque los derechos están ligados a la condición humana y a la capacidad de experimentar emociones, conciencia y sufrimiento.

El académico sostiene:

Creo que si se le entregan derechos a la inteligencia artificial es una forma de eludir responsabilidades y de banalizar algunos temas".

Según el experto, reconocer derechos a los algoritmos podría permitir que empresas o desarrolladores evadan responsabilidades legales por daños ocasionados por estas tecnologías.

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El problema de las “cajas negras”

Uno de los mayores desafíos legales está en la falta de transparencia de los algoritmos. Jaramillo explica que muchas decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial son prácticamente imposibles de reconstruir o auditar debido a la complejidad de sus procesos internos.

Esta opacidad tecnológica genera preguntas complejas:

• ¿Quién responde por una decisión errónea?
• ¿Cómo se demuestra la responsabilidad?
• ¿Quién indemniza a una víctima?

El académico resume el problema en una frase: "esta trazabilidad es uno de los grandes problemas que se tiene".

Cuando la IA abandona las pantallas

La preocupación aumenta porque la inteligencia artificial está dejando de ser exclusivamente digital. El informe señala que China impulsa la producción masiva de robots humanoides y que empresas como Unitree Robotics y UBTECH ya comercializan o prueban estos sistemas en entornos reales.

Además, Tesla anunció que enfocará gran parte de sus esfuerzos en el desarrollo del robot humanoide Optimus, con una meta de producción de hasta un millón de unidades por año.

Este escenario plantea nuevas interrogantes:

• ¿Quién responde si un robot provoca una muerte?
• ¿Es responsable el propietario?
• ¿Lo es el fabricante?
• ¿Debe responder el desarrollador del software?

América Latina busca una respuesta común

El experto también advierte sobre el riesgo de legislar de manera aislada.

Jaramillo considera que los países latinoamericanos deberían construir un marco común para evitar regulaciones fragmentadas que afecten la innovación o conviertan a ciertos territorios en paraísos regulatorios.

La cooperación regional, señala, será clave para enfrentar los desafíos legales que acompañarán a la expansión de la inteligencia artificial.

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