El proceso de depuración que desde  2011 vive la Policía de Honduras, para indagar las múltiples denuncias contra agentes y oficiales involucrados en supuestos delitos como homicidios, narcotráfico, extorsión, secuestros, robo de vehículos, entre otros, pasa por uno de sus momentos más neurálgicos.

La Secretaría de Seguridad de Honduras suspendió todas las operaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), aunque aclaró que los 1.400 empleados “no están suspendidos”, sino que pasarán a someterse a “pruebas de confianza”, lo que provocó malestar entre los agentes.

El proceso de intervención consiste en “revisar archivos, inventarios y otros procedimientos para el fortalecimiento de la Policía”, confirmó el ministro de Seguridad de Honduras, Arturo Corrales.

A su vez, parte del personal de la DNIC se declaró en un paro parcial de labores, suspendiendo los levantamientos de cadáveres e investigaciones en protesta por la intervención de la unidad. Unos 15 agentes  emprendieron acciones legales ante el Ministerio Público por considerar que la decisión viola sus derechos.