Jaime Bayas, juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, suspendió hoy la audiencia de dictamen por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. El proceso se sigue en contra de los expropietarios de la presunta clínica clandestina Unión y Esperanza, ubicada en la cooperativa Tiwintza, en el barrio Pisulí (norte de Quito).

En la diligencia se encuentran señalados como presuntos implicados siete personas, entre ellos propietarios del centro, que supuestamente atendía a personas con problemas de drogas y alcohol.

El local fue clausurado por autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en noviembre del 2013 y los primeros indicios fiscales, en ese momento, determinaron que presuntamente David Romo, quien desapareció el 16 de mayo de 2013 en Quito, estuvo en el lugar.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Tania Moreno, quien no pudo detallar el proceso porque no contaba con uno de los tres testimonios urgentes (versiones de tres pacientes para fundamentar la causa). Estos tres pacientes rindieron su testimonio por escrito antes de concluir la instrucción fiscal. Con ese antecedente, Bayas postergó la audiencia para el próximo 14 de abril.

Moreno dijo que estos testimonios son un elemento que se los usará para determinar responsabilidad o "para abstenerme de culpar a los posibles responsables. Es un elemento fundamental para mi pronunciamiento", detalló la fiscal.

En noviembre de 2013, el Ministerio de Salud inspeccionó la clínica en donde, presuntamente, se torturaba a los pacientes. Según los informes periciales, en el lugar había una fosa con agua, en donde se presume que los internos sufrieron maltratos.

Los pacientes fueron trasladados por personal del MSP a otros centros de asistencia.