El subsecretario de Acción Política de la Presidencia de la República, Iván Granda, entregó el viernes 1 de febrero a la Fiscalía información sobre el testaferrismo en actos de corrupción cometidos en el anterior gobierno.

El funcionario, quien acudió acompañado de la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, también presentó una denuncia contra 17 personas.

Pese a que no quiso revelar nombres porque eso es competencia de la Fiscalía como dueña de la acción penal, dijo que estarían involucrados exministros, exasesores, entre otros.

Granda, quien fue citado para que rinda versión libre sobre la indagación previa que abrió la Fiscalía para investigar testaferrismo, aseguró estar abierto a colaborar con la justicia.

“Colaboraremos siempre con la Fiscal, las veces que sean necesarias, las veces que crea necesarias, sea para una versión o una comparecencia en su oficina, como lo hemos hecho anteriormente”.

Tras señalar que también se debe investigar el presunto cometimiento de delitos contra la administración pública, dijo que la información que posee es de informantes, periódicos digitales y otros. “Inclusive hay información pública que reposa en distintos ministerios”, precisó.

El jueves, la fiscal general (e) Ruth Palacios dispuso el inicio de una indagación previa para descubrir la identidad de 17 testaferros que habrían prestado sus nombres para ocultar recursos y bienes adquiridos ilegalmente por exfuncionarios del correísmo.

Y ordenó la comparecencia de Granda para que rinda versión, debido a que él manifestó haber alcanzado acuerdos verbales y por escrito con 17 prestanombres.

A través de esos entendimientos, ellos se habrían comprometido a colaborar con la justicia y a revelar los hechos de corrupción.

En primera instancia el Subsecretario fue citado para el jueves a las 15:00, pero por encontrarse fuera de la ciudad y luego de la justificación correspondiente se cambió la fecha para el viernes 1 de febrero a las 14:30.

Gobierno pidió el archivo

La noche del jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia solicitó, mediante un comunicado el “archivo inmediato” de la investigación previa. Esto ocurrió porque la petición fiscal “carece de sustento legal y vulnera su derechos al debido proceso”.

Johanna Pesántez explicó que el pedido se lo hizo en consideración de que la Fiscal le hizo el llamado en base a un artículo que se refiere a una contravención, que no le corresponde a Fiscalía.

“Pero estamos aquí como siempre, con toda la apertura”, manifestó, al señalar que sobre el pedido del archivo de la investigación se conversará con la fiscal.

El argumento fiscal

“El señor Granda ha hablado de testaferros y con base en eso vamos a investigar quiénes son”, dijo el jueves la fiscal general, al justificar el inicio de una indagación previa.

Tras aclarar que el funcionario de Gobierno no es el investigado, dijo que solo esperaba que “rinda su versión y entregue las evidencias”.

Sobre el acuerdo al que habría llegado Granda con los testaferros, Palacios aclaró que “acuerdos que no sean llevados con Fiscalía dentro de este proceso no son válidos”. (I)