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El mayor riesgo para una democracia no es únicamente la corrupción ni la persecución política. El riesgo más grave es que la ciudadanía llegue a pensar que la justicia depende de quién ejerce el poder. Cuando eso ocurre, las condenas dejan de verse como el resultado de un juicio imparcial y las absoluciones dejan de inspirar confianza.
¿Las investigaciones fiscales contra alcaldes son una maniobra política del gobierno o es la crisis ética la que ha golpeado las puertas de los estamentos judiciales? Y es que esa pregunta nos hacemos cuando vemos en el mapa político y judicial de los últimos tiempos a varios burgomaestres enjuiciados por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, peculado, pues llama la atención por lo menos para quienes tenemos memoria porque antes eso no se daba, en tanto hoy es pan de todos los días, comenta la abuela de la casa.
La respuesta es que no existe una explicación única. Los procesos penales contra alcaldes en Ecuador pueden obedecer a distintas realidades. En determinados contextos, especialmente cuando existe una fuerte confrontación entre el gobierno y autoridades locales, puede surgir la percepción de un uso selectivo del sistema penal para debilitar adversarios políticos. Esto requiere pruebas concretas; no puede presumirse por el solo hecho de que el investigado sea opositor, esto es lo que se conoce como judicialización con motivación política (lawfare) o “guerra jurídica", en otras palabras, el uso indebido del sistema de justicia con fines políticos.
En otro orden, que una denuncia tenga origen político no significa automáticamente que sea falsa. La falta de independencia percibida de algunas instituciones de control y justicia puede generar desconfianza. Cuando unos casos avanzan con rapidez y otros permanecen estancados, se fortalece la idea de una aplicación selectiva de la ley penal.
Ahora, la discusión gira alrededor de otras dos preguntas: ¿Las investigaciones se inician con base en pruebas suficientes y respetando el debido proceso? ¿Se aplica el mismo estándar a todos los funcionarios, sin importar su afiliación política? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, el proceso fortalece el Estado de derecho. Si, por el contrario, existen indicios de selectividad, presión política o utilización estratégica del sistema penal, la legitimidad de la justicia se debilita.
En un Estado constitucional, el criterio decisivo no debería ser quién es investigado, sino si todos son investigados con el mismo rigor y las mismas garantías, independientemente de su tendencia política. Entonces, el desafío consiste en fortalecer la credibilidad de la administración de justicia para que las investigaciones por corrupción sean percibidas como actos de legalidad y no como instrumentos de confrontación política.
