La Intendencia de Pichincha analiza el pedido de sancionar económicamente a las personas que realicen fiestas clandestinas, pese a la prohibición de efectuar aglomeraciones en espacio público y privado. Según la propuestanstitución, la multa sería de seis salarios básicos unificados.

Durante el fin de semana se registraron más de 10 eventos en los que personas no acataron la restricción vehicular impuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. En uno de ellos hubo 400 personas al interior de un domicilio, quienes incluso se negaron a detener la fiesta.

Con apoyo de @PoliciaEcuador @MunicipioQuito @agentesdequito cumplimos un operativo de control en el distrito Calderón. En la jornada, cuatro eventos no permitidos fueron suspendidos; además se retiraron ciudadanos aglomerados y en consumo de bebidas alcohólicas en una cancha. pic.twitter.com/WZIQh9JgBp

— Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) April 19, 2021

La Intendencia recibió una solicitud para sancionar a los infractores con el monto de seis salarios básicos, equivalentes a $2.400. La multa sería aplicada al propietario de las viviendas que reciban amistades y otras personas, en omisión a las medidas de prevención contra el covid-19.

La decisión de multar a estos ciudadanos continúa en análisis y por el momento no existe un pronunciamiento oficial que la ratifique. La Intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo, manifestó en Telediario que buscan reformas a la ley para en los estados de excepción contar con competencia legal para emitir multas.

?Con apoyo de @PoliciaEcuador suspendimos cuatro eventos no permitidos en el distrito Tumbaco, con presencia de 100 a 150 ciudadanos aglomerados, alto consumo de bebidas alcohólicas y sin las medidas de bioseguridad. Exhortamos al respeto de la normativa para prevenir contagios. pic.twitter.com/rPE0WXViq4

— Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) April 18, 2021

Además, Valarezo comentó que otro inconveniente es la inviolabilidad de domicilio, normativa que impide a la Policía Nacional ingresar a una vivienda sin orden judicial, pese a que cometan acciones que atentan contra la salud pública. (I)