El 24 de abril pasado la Contraloría General del Estado remitió un informe para entregarse al fiscal de Pichincha, Pablo Santos, quien investiga el posible delito de peculado por la adquisición de maquinaria agrícola por parte del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Eso es completamente diferente al tema que indaga la Fiscalía Provincial del Guayas, que tiene que ver exclusivamente con las bodegas que el BNF alquiló en la ciudadela La Atarazana, al norte de Guayaquil, para guardar maquinaria agrícola.

Esa fue la explicación con la que el fiscal provincial del Guayas, Paúl Ponce, puso fin a cualquier polémica que se haya podido generar con el contralor general del Estado, Carlos Pólit, por la supuesta demora en informes requeridos por la Fiscalía.

Según Ponce, recién el lunes  13 de mayo, es decir a inicios de esta semana, la Contraloría remitió al Fiscal General del Estado el informe donde se analizan los contratos correspondientes al arrendamiento de las bodegas para la custodia y almacenamiento de motocultores, tractores, rastras y arados. “Es decir, dos días atrás la Contraloría se refiere a la indagación que lleva adelante la Fiscalía Provincial del Guayas”, replicó.

La  indagación previa por el alquiler de bodegas del Banco Nacional de Fomento se realiza en la Fiscalía Quinta de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública.

La Fiscalía había solicitado el 1 de junio del año pasado a la Contraloría que presentara la auditoría sobre la contratación  del predio en La Atarazana, al norte de Guayaquil.

Ponce había reclamado este informe por considerarlo vital para determinar si  hubo o no un eventual sobreprecio en el alquiler del predio. Incluso el presidente Rafael Correa, el pasado 26 de abril, en una visita a las instalaciones del BNF,  exigió que se investigue este hecho, ya que se habría pagado unos $ 3 millones en bodegaje.