Los 1.700 empleados de Cervecería Nacional rechazan el pago de las utilidades reclamadas por los ex trabajadores. ¿Por qué?

En la sentencia se evidencia que en el proceso se dieron muchos vicios. Esto hace que la sentencia sea ilegal e inconstitucional. Esto pone en peligro nuestras plazas legítimas de trabajo y los ingresos de 600 mil familias en todo el país.

¿Los directivos de la empresa han anunciado eliminar puestos de trabajo en el caso de pagar el valor exigido por los ex trabajadores?

No, pero hace unas semanas, la compañía emitió propagandas en televisión y cuñas de radio en donde decía que el posible pago de 90 millones más los intereses podría generar un riesgo para la compañía. La empresa ha sido bastante clara al hacerlo público.

¿Qué están haciendo para demostrar el rechazo al pago judicial?

Estamos ejerciendo nuestro derecho a la resistencia garantizado en la Constitución de que se cumpla a los otros el derecho al trabajo y al buen vivir. Salimos a las calles en dos ocasiones en diciembre cuando cerraron la planta cuatro días y vimos cómo compañeros salieron a vacaciones forzadas.

Realizamos una resistencia pacífica en los exteriores de las plantas de Quito y Guayaquil. Vamos en el día 19  de protestas.

El procurador de los ex trabajadores, Arturo Cervantes, señaló públicamente que la demanda se financió a través de rifas... 

Es difícil de creer esto y  pensamos que  debe transparentarse. Los empleados no tenemos esos fondos ni esos recursos, pero sí lo hace la otra parte. Por ejemplo, se publicó anuncios en cuatro periódicos privados, con un monto estimado de 30 mil dólares cada uno. Estamos hablando de 120 mil dólares en menos de dos meses. Nos gustaría conocer y entender quién  financia esto.

¿Existe alguna rivalidad?

Nosotros no tenemos nada en contra de los supuestos ex trabajadores. Digo supuestos porque han declarado públicamente que individual y colectivamente laboraron para otras empresas. Pero, realmente deseamos que consigan un buen trabajo, que salgan adelante.

¿Pero qué les preocupa?

Lo que nos preocupa es que gente como accionistas y financistas vayan a recibir 10, 50 ó 100 veces más que ellos, los mismas que lleguen a estar manipulando a los ex trabajadores para conseguir fines de lucro.

Ustedes reclaman que el procurador de los ex trabajadores anunció públicamente que va a repartir 18 millones de dólares entre seis abogados una vez que ganen el litigio laboral...

Queremos conocer  la identidad de esos abogados. Rechazamos cualquier proceso de irregularidades. Nos gustaría  conocer y entender quién realmente financia esto.