Entre enero y junio, el Ministerio de Inclusión Económica (MIES) recibió 1.739 denuncias de beneficiarios del Bono de Desarrollo que alertaron ser víctimas de robo de sus pensiones.

Iván Granda, titular del MIES, informó mediante un comunicado que los actos se  denunciaron ante la Fiscalía. Por tratarse de un hecho de tipo penal, la institución presentó 196 denuncias.

Granda, tras rechazar este acto ilegal, aseguró que la institución dará acompañamiento a los perjudicados. Según cálculos técnicos, el MIES tendrá que recuperar $ 185.251,29.

Para ello se cuenta con un seguro que les permite recuperar el valor por las pensiones sustraídas. Los perjudicados tendrán que realizar la denuncia en cualquiera de los 46 balcones de servicios MIES para recuperar el valor.

Los afectados deben presentar documentos: cédula de ciudadanía del beneficiario del bono, acta de denuncia suscrita por el usuario, entre otros.

En caso de existir un representante de cobro del bono, tendrá que presentar la copia del poder especial notariado.

Proceso de validación
Una vez presentada la documentación, la Dirección de Aseguramiento no Contributivo y Contingencias de la Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo investigará los documentos.

Luego solicitará a las instituciones financieras encargadas del pago la documentación para probar el cobro del usuario.

Este trámite se cumple en  un plazo estimado de 21 días. En caso de no presentarse los respaldos por parte del agente financiero, el MIES inicia la etapa de descuento de valores en plazo  de entre 30 y 50 días.

Los valores descontados al concentrador financiero son devueltos al usuario a través de 10.200 puntos de pago a nivel nacional.

El MIES advirtió que en caso de que haya varias denuncias en una sola localidad, se notificará a la Dirección de Patrocinio del MIES para que inicie acciones legales con la Fiscalía.

Granda advirtió que el ministerio no es la víctima de estafa, pero cumple su rol de denunciar.

Además, se redujo a la décima parte de cobros indebidos con relación a 2019 porque se creó un sistema de seguridad informática y se suspendieron 486 puntos de pagos irregulares. (I)

Operativo en Puerto Quito
El 9 de julio pasado,  la Fiscalía General del Estado ejecutó el operativo Dingo con el que desarticuló una banda dedicada al cobro ilegal del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

La intervención se realizó en Puerto Quito (Pichincha).

Los agentes incautaron vehículos, tarjetas de crédito, chequeras y dinero.

Investigaciones preliminares determinaron que terceras personas, a través de sistemas informáticos, adulteración de identidad y extracción de claves, cobraban las pensiones de los beneficiarios. La mayoría de personas estafadas pertenecían al grupo de la tercera edad.

Esa misma semana, los beneficiarios de la comunidad de Murupishi, en la parroquia Montalvo (provincia de Pastaza), alertaron que su pensión fue cobrada en otras ciudades del país. Este problema lo vivieron durante seis meses. La denuncia fue en la Fiscalía Distrital. (I)