La Fiscalía General solicitó que se llame a juicio a 9 procesados tras presunta asociación ilícita por tramitar licencias de funcionamiento para centros de tolerancia en La Mariscal (norte de Quito), a cambio de pagos ilegales de entre $ 1.000 y $ 2.600.

El pedido se realizó a cargo de la fiscal Ruth Palacios, quien acusó a Omar S. y a su esposa, la concejala Karen S., por- supuestamente- organizar a un grupo de personas para que visitaran los centros nocturnos y acuerden altas sumas de dinero para el trámite de las Licencias Únicas de Actividad Económica (LUAE).

Además, Palacios acusó a siete personas como cómplices de asociación ilícita, luego de que se determinara que los procesados cumplían órdenes y se habrían dedicado a extorsionar, recolectar y depositar el dinero, producto del ilícito, en cuentas de Omar S., quien no pudo justificar su origen.

Este pedido se efectuó tras la audiencia que se desarrolló el 9 de marzo en la Sala 6 de la Corte Provincial de Pichincha, ante el juez Marco Rodríguez, informó la Fiscalía General.

El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 de Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con privación de libertad de 3 a 5 años.

En la audiencia, David Ch., uno de los procesados, se sometió al procedimiento abreviado, que consiste en aceptar el delito, a cambio del beneficio de la reducción de la pena. Por ello, el magistrado lo sentenció a un año y seis meses de privación de libertad por asociación ilícita.

La Fiscalía inició las investigaciones en este caso desde noviembre de 2015, luego de receptar denuncias de que existían supuestos funcionarios que extorsionaban a dueños de centros de tolerancia.

La diligencia se suspendió hasta el lunes 13 de marzo, a las 08:30. (I)