Con base en 74 elementos de convicción, la fiscal general del Estado (e), Ruth Palacios, presentó dictamen acusatorio en contra de Fernando Alvarado, exsecretario Nacional de Comunicación, Pablo Y., Patricio P. y Carlos B., como presuntos coautores del delito de peculado.

La jueza nacional Sylvia Sánchez declaró la validez del proceso, tras considerar que no existen vicios de procedimiento y procedibilidad que afecten la causa.

En su intervención, la Fiscal General del Estado indicó que las investigaciones se fundamentan en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial realizado a los gastos generados y procesados de la contratación realizada por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), en la ejecución, producción y montaje de los enlaces ciudadanos efectuados en diferentes lugares del país, entre el 1 de junio de 2013 y 24 de mayo de 2017.

Asimismo, mencionó la contratación de Víctor Erique Sarango (desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014), quien fue proveedor externo y falleció en enero de 2018. Fue contratado bajo la figura de servicios técnicos especializados audiovisuales para la elaboración de productos comunicacionales para ser utilizados en los enlaces ciudadanos, sin que se establezcan términos de referencia en los que se especifique el perfil profesional, la metodología de trabajo, los productos entregables y un pago mensual acorde al servicio prestado.

Además, Palacios se refirió a la productora Gota Azul (cuyo gerente era Carlos B.), que tuvo contratos con la Secom, en la administración de Fernando A., por $ 189.000‬ para la producción y postproducción de documentales y cadenas. Esta empresa se habría apropiado de los productos entregados por el proveedor Víctor Erique Sarango, facturando por cada uno y demostrando así una duplicidad de insumos, lo que habría ocasionado que la entidad antes mencionada pague dos veces por un mismo servicio.

El proceso se investiga por peculado. El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de 10 a 13 años. (I)