Una avioneta iba a salir con droga desde una pista abandonada en San Vicente (Manabí), con destino a México.

El hallazgo ocurrió a finales de 2017 y de ese caso se desprendieron tres investigaciones: tráfico ilícito de sustancias, organización o financiamiento para la producción o tráfico, y asociación ilícita.

Por este último delito fueron llamados a juicio la fiscal Angélica Viviana B., su secretario Walter Z., la jueza Ana Ofelia P., y los abogados Johana D. P. y Xavier N.

Además, el líder de la agrupación, Robinson A., y Víctor E., funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

La diligencia se realizó el 16 de julio en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

En el proceso también constaba Vicente B., fallecido el año anterior y para quien se declaró la extinción de la acción penal.

Vicente B. habría sido utilizado como testigo falso para reducir las penas de los acusados por narcotráfico.

Un agente de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) mencionó que las operadoras de justicia, a cambio de $ 300.000, permitieron que Vicente B. testificara.

Patricia Morejón, quien era fiscal provincial de Guayas en febrero de 2018, actuó en la audiencia de formulación de cargos y pidió prisión para Angélica.

La funcionaria explicó -en ese entonces- que la fiscal procesada investigaba el tráfico ilícito y tenía un acuerdo para cambiar el tipo penal.

Con esto, la sanción que podía alcanzar de hasta 13 años de prisión, se reduciría por lo menos a 10.

Así los investigados accederían a procesos especiales y negociarían penas menores.

Tres meses después, la jueza Ana P. y otras cuatro personas fueron vinculadas a la causa establecida en contra de la fiscal.

Según la Función Judicial, Francisco Morales, presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, les concedió caución a la fiscal, la jueza, el secretario y los abogados en mayo de 2018.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula que la caución suspende los efectos de la prisión preventiva. (I)