El titular de la Senain pide a fiscal ser recibido en otra fecha
El secretario nacional de Inteligencia (Senain), Rommy Vallejo, no compareció ayer a la Unidad de Soluciones Rápidas de la Fiscalía para rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento, sobre el presunto delito de violación a la intimidad.
El funcionario remitió un documento al fiscal del caso, Alex Castillo, en el que solicita se fije nueva fecha y hora para la diligencia.
A mediados de 2015, el colectivo Yasunidos presentó una denuncia al fiscal general del Estado de entonces, Galo Chiriboga, en donde exponen que varios dirigentes de la organización, entre ellos Antonella Calle, Esperanza Martínez, Patricio Chávez, David Mármol, entre otros, eran objeto de persecución y espionaje, presuntamente por parte de agentes del Gobierno vinculados a la Senain.
El pedido era que se investigue quiénes eran los responsables de esta persecución y como pruebas entregaron al Fiscal informes que aparecieron en medios de comunicación nacionales y extranjeros, en donde constaban las fichas individuales de los activistas, fotos, el detalle de actividades, movimientos, contactos, números telefónicos, ingresos económicos, amigos, etc.
“En 2015 hicimos la denuncia y el fiscal Chiriboga envió el caso a la Unidad de Soluciones Rápidas, pero recién a los dos años comenzaron las investigaciones”, dijo Pablo Piedra, vocero de la organización, al precisar que hace un par de semanas se notificó a las partes procesales el inicio de las acciones legales.
“Nosotros hemos solicitado se tome la versión de Rommy Vallejo, porque él es el principal de la Senain, para que aclare los hechos y si esos hechos son ciertos se identifique a los culpables”, manifestó.
El abogado de esta organización, Pablo Encalada, destacó la importancia de que el caso se judicialice porque servirá como precedente, ya que seguramente hay otros hechos similares que no se han denunciado.
Dijo que es evidente que hay un delito de violación a la intimidad, “que tiene una sanción penal” y que solo se puede seguir a una persona con autorización judicial. (I)
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