El contralor general subrogante, Pablo Celi, acudió este viernes a la Fiscalía General del Estado para presentar una queja por el dictamen abstentivo a favor de Carlos P. Y. y Diego T., ambos investigados por presunto peculado en el caso Petroecuador.

En declaraciones a medios, Celi explicó que uno de los documentos entregados es una copia de la acción que ante la jueza Paola Campaña ha planteado la Contraloría, objetando el dictamen abstentivo que fue elaborado por la fiscal Elba Garzón, en el caso que compromete recursos del Estado en un contrato con la firma Jorge Vivar en la Refinería de Esmeraldas.

Dicho contrato, dijo, fue entregado por un valor que supera en $ 3,7 millones al propio valor referencial. "En la ejecución del contrato la empresa incumplió el cronograma, generando un incremento también en perjuicio al Estado de $ 1,8 millones. Estamos hablando de una lesión de unos $ 6 millones que pretende ser desconocida por el dictamen abstentivo. Resulta, por lo tanto, altamente lesivo a los intereses del Estado, evidentemente, lesivo al trabajo y la acción de la Contraloría General del Estado",  apuntó. 

En el documento, el contralor apunta a que el dictamen abstentivo es "carente de fundamento, ajeno a los hechos analizados dentro del informe de indicios de responsabilidad penal".  Pide que el mismo sea remitido a un fiscal superior. 

El segundo documento se refiere a una solicitud de archivo de una denuncia hecha por el grupo Vivar que, señaló Celi, "desde hace ocho meses ha venido trabando en un intento de configurar una acusación de delito penal (falso testimonio) contra los auditores que elaboraron el informe". (I)