El juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, ordenó prisión preventiva para el policía en servicio activo Rafael B.Y., por presunto delito de tentativa de magnicidio, durante los disturbios del 30 de septiembre de 2010.

La medida se llevó a cabo tras la audiencia de vinculación y formulación de cargos, que se desarrolló  en la Casa de la Justicia, en el sector de Carcelén (norte de Quito). Rafael B.Y. sería el séptimo uniformado que se lo vincula al caso.

El agente fue detenido ayer, alrededor de las 16:00, en la Unidad Motorizada de Tránsito, en el sector de La Luz (norte) y fue trasladado para la respectiva diligencia.

El fiscal Gustavo Benítez mostró, como principal evidencia, un video de 20 segundos, proporcionado por un medio de prensa escrita, en el cual se escucha a un gendarme que replica "aquí baja, aquí baja... ahí sale, échale bala", y un grupo de policías empieza a disparar contra el carro en donde se rescató  al presidente Rafael Correa, del hospital de la Policía, en Quito.

"Se observa a otras personas rastrillando su arma contra el vehículo", reiteró Benítez.
El fiscal explicó al magistrado que se identificó a Rafael B.Y. como uno de los uniformados que disparó, gracias a un informe técnico a cargo del perito Mario Villa, quien señaló que en la imagen existen coherencias (coincidencias) con el rostro del detenido.

Otro de los elementos que presentó la Fiscalía fue un informe del perito Carlos Echeverría, que confirmó que hubo huellas de disparos en el vehículo se trasladó al primer mandatario. "Se estaba fraguando acabar con la vida del presidente", reiteró Benítez.

En la audiencia estuvieron los miembros de la Comisión de Investigación 30-S: Carlos Baca, Óscar Bonilla y Diego Guzmán.

Freddy Benavidez, abogado del uniformado, solicitó medida alternativa para su defendido, argumentando que Rafael B.Y. es jefe de hogar y en los próximos días nacería su tercer hijo. En la diligencia, el abogado, también, presentó la hoja de vida del procesado para argumentar la honorabilidad del policía.

El pedido no fue acogido por Valverde, quien ordenó su detención inmediata y  fue traslado hasta la cárcel 4, de Quito. Además se inició una investigación de 30 días.