La audiencia de juicio en contra de 4 policías por el delito de paralización de servicios públicos durante  la revuelta de los uniformados del 30 de septiembre de 2010 (30S),  se instaló ayer en el Tribunal Primero de Garantías Penales de Cañar.  

La diligencia fue declarada de carácter reservado.  

Según las investigaciones, en los disturbios policiales de esa fecha  cerca de 90 agentes abandonaron sus puestos de trabajo para participar en una protesta.

Los uniformados quemaron neumáticos en los exteriores del Comando de Policía de Cañar en Azogues en esa ocasión.

De acuerdo con el COIP, en el artículo 346, el delito de paralización de servicios públicos se sanciona con privación de libertad de 1 a 3 años.  Yen el antiguo Código Penal, la  sanción es de entre 8 y 12 años de reclusión mayor ordinaria. (I)