El proceso penal que enfrenta  Jaime Fernando Iza Chanatasig, por el presunto delito de estafa, comenzó con una acusación particular por parte del Municipio de Quito en  2007.    Cinco años después,  la audiencia de juzgamiento contra  Iza se instalará  mañana, a las 08:30, en el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha. Esta es la quinta vez que se intenta realizar esta diligencia.  

Para el procurador municipal Ernesto Guarderas, la demora en el proceso  se debe a que en sus inicios, el temor de los afectados imposibilitaba su comparecencia al juicio.  “Se negaban a declarar en su contra”,  dice.

A  su criterio, los afectados no se decidían a entablar denuncias y a exponer sus casos ante la justicia, pues hay antecedentes de violencia que, presuntamente, fueron ejecutados por parte de Iza en contra de los moradores de los más de 10 barrios  que habría lotizado y comercializado sin los permisos correspondientes.

Sonia Guadalupe, una de las afectadas, bajo juramento indicó que su casa   fue quemada por el señor Iza, motivo por el cual debió mudarse, así como   este son similares los testimonios de otros afectados.

Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en su  artículo 477,  se establece que  quien proceda al fraccionamiento total o parcial de un inmueble situado en el área urbana o de expansión urbana, con fines comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad, y que a la par reciba cuotas o anticipos en especies o en dinero por concepto de comercialización, incurrirá en delito de estafa tipificado en el Código Penal.

De igual manera, se establece que el Municipio podrá aplicar las sanciones económicas y administrativas previstas en la ley.

Dora Garzón,  comisaria municipal de construcción,  explica  que por violar la ley,    Iza ha sido multado en reiteradas ocasiones. Son cinco los expedientes  que reposan en los archivos de la Administración Zonal  Quitumbe, donde se da cuenta de las irregularidades detectadas que prueban  que   Iza  incurrió en delito de estafa al haber comercializado tierras sin permiso.

Según los documentos, desde   2003 se han impuesto cinco  sanciones económicas,  la primera fue de 23 millones de dólares  para Jaime Iza Chanatasig, la que después de una resolución reformatoria quedó en 17 millones de dólares y que hasta el momento se encuentra en espera de sentencia.

En   2004, por una denuncia de Segundo Moreno, representante del barrio la Pampa III, la empresa Iza Constructores fue multada con 577 mil dólares, mientras que   la empresa  Arthemsa A.E.I.K., perteneciente a  Irina Korotkevich (ex esposa del ex ministro de Bienestar Social, Bolívar González) fue multada con 1 millón de dólares.

Según registros del Municipio, Irina Korotkevich, figura  como la dueña legal  de los 949 lotes que conforman el barrio “El Dorado”. En esta demanda, los afectados apelaron a la Procuraduría Municipal  que    ratificó la resolución de la Comisaría. Sin embargo, una acción de protección fue presentada en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, que el 9 de mayo del 2011 aceptaron el recurso y  dejó sin efecto la resolución e imposibilitó el cobro de las multas.

El mismo año, por haber lotizado las “Terrazas de Guajaló”, y  basados en un informe de control de la ciudad, se impuso una multa de 526 mil dólares a Iza Constructores  y otra del mismo valor a José Tipan Escobar. El 26 de marzo del 2008, el Tribunal Constitucional dio de baja las resoluciones  por considerarlas elevadas.

En   2005, Segundo Arias, morador del barrio la Pampa I,  interpuesto una denuncia, por la cual se multó a Iza Constructores con 3 millones y medio de dólares, multa que fue dada de baja por un amparo constitucional emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo.

El mismo año otra multa de 520 mil dólares  a la empresa Arthermsa   vuelve a ser desconocida,  mediante un amparo constitucional.

Las  multan alcanzan esos valores, porque según la ley de Ordenamiento Territorial, una sanción económica  puede ser calculada hasta cinco veces el valor del terreno, explica la comisaria de la construcción.
El procurador municipal  manifiesta que Iza, al igual que otros lotizadores de tierras ilegales, se vale  de la creación de falsas compañías  para comercializar los espacios.

Otra de las infracciones de la ley  se enfoca en la proporción de los terrenos,  pues los fraccionamiento deben ser de al menos 200 metros, mientras que Iza  fraccionó apenas en 100 metros. 

De acuerdo a autoridades municipales, en las declaraciones de testigos  en  audiencias iniciales, se ha constatado que Iza   ofrecía obras de alcantarillado y recibía fondos sobre eso, lo cual también es ilegal, la única entidad que puede ofrecer obras  es el Municipio, señala el funcionario.

Guarderas  menciona además que  las causas prescriben en junio del 2012  y si por cualquier motivo las diligencias se siguen retrasando, se corre  el riesgo de que llegada la fecha  ya no se pueda juzgar a Iza por presunto delito de estafa. “Se debe  cuidar que no suceda, pues el problema es  desde hace 15 años”.  De acuerdo al proceso que consta en la consulta de causas del Consejo de la Judicatura, en más de tres ocasiones se ha suspendido la audiencia de juzgamiento.

La razón de la audiencia fallida por tercera ocasión  fue la inasistencia del abogado de la defensa,  Jorge Huilcapi, por lo que Iza solicitó al Tribunal cambiar de abogado, acompañado del diferimiento de la audiencia, pues, según la ley, el nuevo abogado debe tener un tiempo prudencial para conocer los pormenores del caso que va a tratar.

Es así como designa a Edwin Pacheco Morales, como su nuevo defensor, pero  días después, Iza volvió a solicitar cambio de abogado.

Finalmente, el 23 de marzo del año en curso, la audiencia se instaló, pero por motivos de tiempo  se dictó  la continuación de la misma para el 27 de marzo.

Sin embargo, ese día se conoció que el presidente del Tribunal, Fausto Fuentes López, fue suspendido de sus funciones por parte del Consejo de la Judicatura, mientras se resuelve un sumario administrativo que hay en su contra.

Como juez encargado  se nombró a Franz Valverde, quien consideró pertinente anular la audiencia anterior y dictó una nueva fecha, por lo que se solicitó llamar nuevamente a los testigos e instalar la diligencia penal mañana, a las 08:30.