Fiscal General pide sentencia de 8 años en caso Sobornos para Correa y 19 implicados

- 05 de marzo de 2020 - 11:53
En esta jornada presentaron sus alegatos finales la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.
Foto: Patricio González / et

En el décimo tercer día de audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó al tribunal penal dicte sentencia contra 20 de los 21 procesados.

Pidió la máxima pena por el delito de cohecho (seis años de cárcel) más un tercio (dos años más) para el expresidente Rafael C., en calidad de autor mediato, y la misma pena, pero como autores directos, para el resto.

No obstante, en los casos de Pamela M. y Laura T., por su cooperación eficaz, la reducción del 90 por ciento de la pena, mientras que al empresario Pedro V. un tercio de la sentencia por haber contribuido en el esclarecimiento del caso.

Para Yamil Massuh la fiscal no emitió acusación y dejó en libertad para que los jueces resuelvan.

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También solicitó una reparación integral de $ 1.130’420.108 –que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama–, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

Este jueves 5 de marzo de 2020 las partes procesales presentan sus alegatos finales. Se trata de las últimas argumentaciones, luego de lo cual, el Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez entrarán a deliberar por algunos días para emitir sentencia.

En la jornada de hoy, que se cumple en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, los primeros en presentar sus alegatos fueron la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado.

La fiscal Salazar se ratificó en que en el anterior gobierno montó una red de corrupción, liderada por los máximos mandatarios del país de ese entonces, Rafael C. y Jorge G. 

A través de esta estructura se recaudaron aportes de empresarios para financiar actividades políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana, a cambio de garantizarles contratos con el Estado.

Aseguró que, con las pruebas presentadas, se demostró que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito; y que la estructura delictiva recaudó $ 7’575.196,09. De estos, $ 6´570.696,09 por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo. (I)

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