Édgar A. entregó $ 5 millones en efectivo a Odebrecht

- 09 de julio de 2019 - 00:00
En el primer día de la audiencia de juicio la Fiscalía presentó la teoría del caso. Se estima que la diligencia dure hasta el jueves próximo.
Fotos: cortesía

La Fiscalía convocó la mañana de ayer a 37 testigos para que rindan su versión en la audiencia de juicio en contra de Édgar A. y sus empresas Diacelec S.A. y Conacero S.A., procesados por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la diligencia judicial, la fiscal Ivonne Proaño detalló que el lavado de activos presuntamente se cometió entre 2010 y 2017 cuando la empresa Odebrecht depositó $ 47 millones a favor de la firma Columbia Managment, empresa offshore de Édgar A. que tiene en Panamá.

Columbia Managment ingresó a Ecuador $ 14 millones que fueron transferidos a las empresas Diacelec y Conacero, de Édgar A.; así como a su cuenta personal; a la de altos funcionarios de la compañía y a las cuentas de sus familiares, explicó.

Agregó que el procesado, a través de sus empresas, sirvió a Odebrecht para blanquear el dinero que pagaba en sobornos.

 Explicó que Diacelec movió, a través de vehículos blindados, $ 32 millones en efectivo. Según Proaño, parte de ese dinero lo entregó en las oficinas de Odebrecht. En Quito entregó $ 1 millón y en Guayaquil, $ 4 millones.

En la diligencia, la Fiscalía rechazó el pedido de sustitución de la prisión preventiva de Édgar A. solicitada por su patrocinador, Marcelo Ron.

Proaño explicó a los jueces que Édgar A. tenía arresto domiciliario, pero fue revocado por violar la medida cautelar.

Pese a la declaratoria de abandono de la acusación particular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía continuará con el proceso, dijo Proaño.

El Tribunal, integrado por los jueces Pablo Coello, Wilson Caiza y María Mercedes Suárez, declaró el abandono de la acusación particular, ante la ausencia de José Quirós, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Los jueces se ampararon en el art. 433 del Código Orgánico Integral Penal. “La norma exige que el acusador particular acuda personalmente al juicio”. (I) 

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