Ecuador tiene déficit de 2.590 agentes carcelarios

- 20 de mayo de 2019 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

Actualmente existen 1.510 guías para el control de 41 mil presos en los 55 reclusorios del país. La declaratoria de emergencia permitirá contratar 500 nuevos agentes y poner en marcha, a través de una escuela de formación, un proceso de recategorización, equiparación de sueldos, dotación de equipos de trabajo y adecuada capacitación.

La norma internacional para el control de cárceles recomienda tener un Agente de Seguridad Penitenciaria (ASP) por cada 10 Personas Privadas de la Libertad (PPL), recomendación que no se cumple en el Ecuador porque apenas existe un guía por cada 27 presos.

En la actualidad, la población de PPL es de 41 mil en los 55 centros de rehabilitación y detención provisional que hay en el país. Para ello se dispone de 1.510 ASP. Eso significa que faltan 2.590 agentes (63,17%) para cumplir la norma internacional.

Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, afirmó que ese número de ASP es insuficiente y que si nos rigiéramos a los estándares internacionales, Ecuador debería en realidad tener 8.000 agentes para un adecuado control de cárceles.

Aclaró que respeta mucho a los ASP, pero indicó que al menos el 20% de ese personal ha caído en actos de corrupción debido a factores como: bajo sueldo, falta de una carrera profesional y de capacitación.

Por ello, en lo que va del 2019 han sido separados 21 APS: por el ingreso de drogas, armas, licor y aparatos tecnológicos. Dijo que en seis meses, con recursos, se podría formar un ASP profesional: tres meses se necesitarían para crear la escuelad de guías, reclutamiento y pruebas sicologicas.

Esta falta de ASP y de una adecuada dotación de armas y equipo de trabajo, unido al hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social (CRS)  del país, ha vuelto inseguro y violento el convivir.

Muestra de ello es que en menos de cinco meses se han registrado 9 asesinatos al interior de los CRS, equivalente a 2,2 muertes por mes. El último caso se registró en el CRS de Turi, en Cuenca (Azuay). Una pelea entre reos dejó un PPL muerto y otro herido. El hecho es investigado para determinar, incluso, cómo se abastecen de armas.

Anterior a este caso, a inicios de mayo, en el CRS de Latacunga ocurrió el asesinato de un PPL transferido desde la Penitenciaria del Litoral. Los ASP no pudieron hacer nada porque estaban desarmados: se hicieron a un lado para no ser atacados con arma blanca.

El hecho fue grabado con celular por un recluso y publicado en redes sociales. Esto dejó en evidencia que los presos disponen de armas y tecnología, mientras que los ASP carecen de armas o, al menos, inmovilizadores, escudos, chalecos, toletes, gas pimienta y demás equipos necesarios.

A estos incidentes se suman escándalos de corrupción que permitieron hace un mes, por ejemplo, que una ambulancia con armas y otros materiales prohibidos ingresen al CRS de Guayaquil. Por ello son investigadas 26 personas, entre ellas, policías y funcionarios.

Se contratarán nuevos agentes y se hará una recategorización

Ante los hechos de violencia, hacinamiento, falta de equipamiento para los ASP y de un sistemas de vigilancia, así como por la carencia de personal para controlar a la población cancelaria, el jueves 16 de mayo el presidente Lenín Moreno, declaró el Estado de Excepción en el sistema de rehabilitación social del país.

El Decrero Ejecutivo señala que se busca, de manera coordinada, atender las necesidades emergentes y precautelar los derechos de los PPL como grupo de atención prioritaria.

Patricio Portilla, representante de los ASP, indicó que historicamente el trabajo de los guías no ha sido reconocido por las autoridades. “Imagine pasar 24 horas en un centro carcelario viviendo constante peligro, sin armas, sin logística, sin implementos de seguridad y que uno mismo tenga que comprar sus propios implementos de seguridad” lamentó.

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, indicó que la declaratoria de emergencia permitirá reducir los incidentes violentos, los actos de corrupción y corregir el actual modelo que -a su criterio- no funciona y es parte del origen de la crisis del sistema de rehabilitación.

Dijo que se necesitan inmediatamente $ 25 millones, para implementar tres ejes fundamentales. “El objetivo general de la emergencia será fortalecer el proceso técnico de la rehabilitación social”, manifestó.

Entre los planteamientos de la emergencia, que durará 60 días y el Ministerio de Finanzas deberá proveer de los recursos suficientes, justamente consta la contratación de 500 nuevos agentes penitenciarios. Con ello, se buscará reducir en parte la brecha o déficit.

Además, la idea es trabajar en una recategorización y capacitación de ASP, a través de una escuela de formación, la equiparación de su sueldos y la adquisición de nuevos implementos para su trabajo.

“Lo primero que haremos es una recategorización”, dijo Pazmiño. Ello implicará que los ASP ingresen a la carrera, para lo cual se establecerá un proceso de reclutamiento, selección y capacitación.

Con la emergencia busca que la Policía los ayude en el control interno, así como formar grupos de ASP, en número de 500, con capacitación intensiva de dos o tres meses. “El objetivo es hacer de los agentes penitenciarios no sólo funcionarios que se encarguen del control de la seguridad, sino promotores del proceso de rehabilitación”, remarcó.

Además, Pazmiño señaló que presentará un proyecto de reforma para una rebaja de penas por méritos, un sistema similar al que se aplican en otros países de la región. “La idea es rebajarle la pena siempre y cuando cumpla todos los procesos de rehabilitación y, sobre todo, un proceso de educación”, explicó.

Para ello, los privados de la libertad deberán demostrar, por ejemplo, interés por estudiar, capacitarse o trabajar mientras cumplen su pena en los reclusorios del país. (I)

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