En base a un estudio elaborado tras 174 visitas a los centros de privación de la libertad, la  defensora del Pueblo, Gina Benavides, solicitó públicamente que se declare en emergencia el sistema penitenciario del país.

El documento revela el 79% de hacinamiento, insalubridad, mala alimentación, agua de mala calidad, violaciones a los derechos humanos, personal de seguridad insuficiente, malos servicios, entre otros problemas.

La funcionaria confirmó  que entre 2018 y 2019 hubo 19 muertes en las cárceles del país, mientras que entre 2014 y 2016 fueron 16.

Como conclusión del estudio, Benavides señaló que hace falta una urgente intervención en Ibarra, Tulcán, Sucumbíos, Esmeraldas, Jipijapa, Guayaquil, Machala, Quevedo, Centro Penitenciario de Privados de la Libertad Quito y el CAI Machala.

También, gestionar cambios normativos en la Asamblea Nacional, acciones emergentes para reducir el hacinamiento y si es necesario presentar una acción de protección por ineficiencia de la política pública.

Benavides mencionó que el problema es estructural. (I)