Se registran 557 denuncias de acoso escolar durante 2018

Padres de una niña, de 9 años, protestan por el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia que presentaron en 2017. Los abogados apelarán en la Corte Constitucional.
07 de noviembre de 2018 00:00

 “Soy una inútil, no sirvo para nada”, repite continuamente Rafaela, de 9 años. Para su madre Verónica, esas palabras avivan el dolor en su corazón. “Ha pasado un año y seis meses y los traumas de mi pequeña siguen”, exclamó la mujer, intentado no llorar.

Los problemas empezaron el 13 de enero de 2017. Rafaela sufrió un accidente en la escuela. Contó a sus padres que para no caer de frente puso sus manos. Se fracturó el radio y el cúbito. Le inmovilizaron el brazo derecho.

Sin embargo, según el testimonio que presentó su padre Christian en la Fiscalía, esa condición no importó a su maestra. Rafaela bautizó a aquella mujer como “Anabelle”, porque le recuerda a un personaje de una película de terror. “Cambió, dormía mucho y amanecía mojada la cama”, contó su madre.

 La pequeña confesó que su maestra la obligaba a escribir con su mano enferma, así como la izquierda, y no permitía que la ayudaran sus compañeros del aula. Recibió castigos físicos y sicológicos. Le gritaba “inútil, no sirves para nada”.

La denuncia fue archivada
Con estos testimonios, sus padres denunciaron el caso en la Fiscalía el 5 de abril de 2017. Según el abogado Carlos Luzuriaga, “en la Fiscalía los asesoraron que pusieran la denuncia de este caso por discriminación”.

Sin embargo, el  22 de octubre de este año, el abogado fue notificado con la solicitud de archivo de la denuncia. El fiscal Nelson Pazmiño argumentó su decisión en que “los hechos denunciados no se adecúan en las categorías dogmáticas del delito”.

Sin embargo, el abogado Luzuriaga considera que “no debió archivarla, sino enviarla al juez competente”.

Luzuriaga afirmó que apelarán la decisión ante la Corte Constitucional (CC), ya que   hubo cuatro evaluaciones médicas, “en donde se determinó un daño sicológico provocado por una profesora”, manifestó Luzuriaga. A su criterio, en este caso existió  daño sicológico.

De hecho, el informe pericial de la sicóloga Gissela Fuentes dictaminó que, de acuerdo al grado de depresión infantil, Rafaela tiene síntomas depresivos en grado máximo. Además, en función del test de persona bajo la lluvia, la menor demostró “inseguridades, temores, sentimiento de inadecuación, sensación de encierro”, entre otros, según el informe fiscal. 

De igual manera, en el examen sicológico forense, que fue realizado por el doctor Ítalo Rojas, Rafaela refiere hechos de un presunto proceso de agresión con manifestaciones de violencia física y sicológica, “que incluye la estigmatización social en la escuela y el escarnecimiento moral ante las compañeras”, citó el experto en su informe.

El Ministerio de Educación cuenta con rutas y protocolos para tratar los casos de acoso, además elaboró una guía para  abordar el problema.

Esto último recoge el informe del doctor Rojas, en el cual señala que Rafaela tiene otro profesor y que “Anabelle” no  ejerce funciones en la escuela de la menor. De hecho, los padres cuentan que la niña fue cambiada de plantel educativo, aunque aún le cuesta adaptarse.

El abogado indicó que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos de La Delicia determinó que se vulneraron los derechos de la menor. El plantel educativo privado fue sancionado y también decidieron sacar a la docente.

Casos de acoso escolar crecen
Según esta Cartera de Estado,  en lo que va del año se recibieron 557 denuncias de acoso escolar. Esto significa un incremento de 99% si se calcula que en 2007 solo se recibieron dos causas. De estas predominan la violencia física (1.000 casos) y sicológica (461).

Luzuriaga detalló que la maestra “Anabelle” incluso perseguía a Rafaela hasta el baño para agredirla sicológicamente. Un médico le recetó incluso pastillas tranquilizantes. Le diagnosticaron principios de insomnio.  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), según el abogado Eduardo Sáenz, establece, sin agravantes, prisión de seis meses a un año por violencia sicológica cuando la afectación es moderada y de uno a tres años cuando es severa. (I) 

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