Solo uno de 17 procesados fue condenado en caso Proinco 2

- 04 de diciembre de 2019 - 07:12
El 11 de junio de 2016, Fiscalía inició un proceso penal contra los ejecutivos de Proinco y otras filiales, por el delito de estafa a cerca de 1.400 personas.
Foto: Archivo / et

Tras 30 años de trabajo continuo en una empresa, Francisco Chanabá recibió a inicios de 2016 $ 100.000 como jubilación.
De esa suma, $ 70.000 depositó para ganar intereses en una financiera nacional.

Al poco tiempo apareció la señora Mariana Cabrera, quien se hizo amiga de la familia Chanabá y como captadora de fondos de Proinco, ofreció mejores beneficios para que el dinero pase a esta financiera.

Ante la insistencia, Francisco retiró el dinero de la entidad anterior y depositó $ 20.000 para ganar $ 200 mensuales por intereses.

Los $ 50.000 restantes los puso a plazo fijo hasta octubre de 2017, cuando le devolverían $ 70.000.

El negocio estaba asegurado y al primer mes recibió los $ 200, luego ya no le pagaron hasta que entre abril y mayo aparecieron las denuncias de que Proinco estaba involucrada en estafa.

Francisco Chanabá es una de las aproximadamente 1.400 personas estafadas por un monto estimado de $ 100 millones.

Tal como él, cientos de perjudicados recibieron con preocupación la resolución del Tribunal Penal de Pichincha, emitida el lunes 2 de diciembre. 

Sandra Ivonne R. fue sentenciada a siete años de prisión, como coautora del delito de estafa masiva dentro del caso Proinco 2.
Además, los jueces dispusieron que pague una multa de 20 salarios básicos.

Y como reparación integral, el pago del total del perjuicio ocasionado, es decir alrededor de $ 67 millones.

En la audiencia de juzgamiento, que culminó la tarde del lunes pasado, el fiscal del caso, Érick López, comprobó la responsabilidad de la gerenta financiera de Proinco y se abstuvo de acusar a 16 procesados más.

“La gerenta, los ejecutivos, los corredores y los captadores de fondos tienen responsabilidad, ellos gestionaron y recibieron la plata, pero siguen libres”, dijo Chanabá.

Asegura que ya no tiene dinero para mantener a su familia, por lo que acudió a la Defensoría Pública para que lo defienda en el juicio.

“Los que nos robaron, con nuestra plata han conseguido los mejores abogados y por eso ganan los juicios”. Los perjudicados claman que alguien los ayude. (I)

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